Decretan prisión eludible bajo fianza para cinco de los 19 detenidos en Alhaurín el Grande

Europa Press Sociedad
Actualizado: miércoles, 20 junio 2007 15:30

COÍN (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

El juez Carlos Peinado decretó hoy prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros para cuatro de los 19 detenidos ayer en la segunda fase de la operación 'Troya' contra la corrupción urbanística en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande, mientras que para una quinta persona fijó una fianza de 30.000 euros, según informaron a Europa Press fuentes judiciales.

Los delitos que se les imputan a estos cinco detenidos son cohecho e inducción a la prevaricación urbanística. Quedan por declarar, por el momento, otros tres de los ocho arrestados que fueron trasladados esta mañana hasta el Juzgado de Instrucción número 2 de Coín (Málaga) que investiga el caso. A lo largo del día el juez seguirá tomando declaración, según confirmaron las mismas fuentes.

Esta mañana llegaban a los juzgados de Coín, procedentes de la Comisaría Provincial de Málaga, ocho de los 19 detenidos ayer dentro de la segunda fase de la operación 'Troya', que se inició en enero de este año.

La Policía Nacional desarrolló ayer un operativo por el que se arrestaron a personas relacionadas con el mundo empresarial, del sector de la construcción. En su mayoría, son pequeños empresarios muy conocidos en la localidad. Las actuaciones están declaradas secretas.

El operativo se llevó a cabo por parte de efectivos de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (Udyco) y las detenciones se han producido por orden judicial diez de ellas en Alhaurín el Grande, en Málaga capital y en otras zonas de la provincia.

Esta operación es continuación de la desarrollada el 18 de enero de este año que se saldó con la detención del alcalde de dicha localidad, Juan Martín Serón, y del concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, para los que la juez sustituta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coín (Málaga) decretó prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros por los delitos de cohecho y prevaricación.

La juez indicaba en sus autos, a los que tuvo acceso Europa Press, que existían motivos, a través de las intervenciones telefónicas, para estimar que el edil exigió dádivas "a cambio de la obtención de una licencia que él mismo viene a declarar ilegal, todo ello en connivencia con el alcalde".

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