El Defensor del Pueblo constituye la Unidad de Víctimas de abusos en la Iglesia formada por 16 expertos

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo ha constituido la Unidad de Víctimas para la reparación de víctimas de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica que estará integrada por 16 expertos.

La unidad se responsabilizará de la evaluación individualizada de las solicitudes y la elaboración de la propuesta de valoración de reconocimiento de la condición de víctima y de su reparación.

La institución cumple así con el compromiso adquirido en el Protocolo firmado el pasado 30 de marzo entre la Iglesia católica, el Gobierno y el Defensor del Pueblo para poner en marcha el nuevo sistema de reparación.

Según el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, "se ha tratado de reunir a un grupo de personas expertas en diversas disciplinas harán un trabajo serio y riguroso". Según indicó Gabilondo el día de la firma del Protocolo que "este sistema trata de reconocer y promover la dignidad y la memoria de las víctimas, y asegurar la justicia y la reparación efectiva con medidas simbólicas, restaurativas, espirituales o económicas".

El protocolo, rubricado en la sede del Defensor del Pueblo por el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Jesús D. Sariego, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, desarrolla el acuerdo firmado entre el Gobierno y la Iglesia el pasado 8 de enero.

El acuerdo concreta cómo va a funcionar el sistema iniciado miércoles, 15 de abril, con qué plazos y detalla que la reparación podrá ser simbólica o restaurativa, orientada al reconocimiento institucional y al ofrecimiento de herramientas para el acompañamiento o la petición de disculpas, y también económica por el daño causado y por los gastos registrados en el tratamiento de las posibles secuelas físicas y psicológicas.

Las reparaciones económicas tendrán en cuenta la gravedad de los abusos sufridos, el daño provocado, y así como otras compensaciones eventualmente percibidas en el marco de otros modelos de reparación impulsados por la Iglesia.

El Protocolo señala que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes creará una Unidad de Tramitación -ya operativa- que recibirá las solicitudes, ofrecerá orientación para la presentación de las mismas y se ocupará de la comunicación con las partes, la notificación de las propuestas y el recabado de los informes necesarios.

El Defensor del Pueblo, por su parte, constituye la Unidad de Víctimas que se va a encargar de llevar a cabo la evaluación individualizada de las solicitudes. También elaborará la propuesta de valoración de reconocimiento de la condición de víctima y de su reparación.

Por su parte, la CEE y la CONFER emitirán, a través de una comisión asesora (comisión asesora PRIVA), un informe preceptivo motivado sobre cada una de las valoraciones de reconocimiento de la condición de víctima y de reparación que formule la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Se crea, asimismo, una Comisión Mixta compuesta por nueve miembros en la que estarán representadas todas las instituciones firmantes así como asociaciones de víctimas. Su función será alcanzar un acuerdo por consenso en aquellos casos en los que la valoración de la Unidad de Víctimas no obtenga la conformidad de la comisión asesora PRIVA o de la víctima.

"Con este proceso se trata de recuperar a la persona y de reparar daños. No es un mero trámite burocrático cosificador sino un procedimiento flexible, personalizado, profesional y humano", ha subrayado Ángel Gabilondo.

EXPERTOS DE LA UNIDAD DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

Los componentes de la unidad son el catedrático de Derecho Administrativo de la UNED, Xabier Arzoz Santisteban; la letrada de la Administración de Justicia y asesora del Defensor del Pueblo, María Avilés Navarro; la doctora en filosofía de la Universidad Pontificia de Comillas, Olga Belmonte García; el abogado y psicólogo especializado en violencia sexual, Carlos Calderón Modrego; el coordinador de la Uniedad de Víctima de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, Antonio Fernández Barba y la administrativa de la Unidad de Víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, Karina Mikkelsen Geldres.

Asimismo, formarán parte del órgano el jefe de Estudios y Documentación en el Defensor del Pueblo y director de la Unidad de Víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, Antonio Mora Lladó; el psicólogo forense y criminólogo, José Manuel Muñoz; la doctora en psicología Noemí Pereda Beltrán; la fiscal adscrita a la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado, María Jesús Raimundo Rodríguez; la psicóloga forense y criminóloga Laura Rodríguez Santiago y el catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra, Alejandro Saiz Arnaiz.

El exministro y catedrático eméritod e Derecho Eclesiástico del Estado, Gustavo Suárez Pertierra; el abotgado y asesor en el Defensor del Pueblo, José María Trillo-Figueroa; el catedrático de Derecho Penal en la Universidad Oberta de Catalunya y en la Universitat de Lleida Jospe María Tamarit-Sumalla y la profesora de victimología y politica criminar en la Univerdad del País Vasco y presidenta de la Sociedad Mundial de Victimología, Gema Varona Martínez.