España avanza en el acceso a la información ambiental, pero todavía hay "margen de mejora", según el barómetro CONAMA

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

España registra "avances" en el acceso a la información ambiental, pero todavía hay un "amplio margen de mejora", según el Barómetro CONAMA 2026 presentado este miércoles por la organización. El estudio constituye la "primera" investigación sistemática sobre la percepción profesional de la aplicación del Convenio de Aarhus en España, ratificado por España en 2004.

Éste reconoce tres derechos fundamentales en materia ambiental: el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia. Las conclusiones del estudio exponen cómo se está aplicando en la práctica en el país, qué avances se han producido y qué hace falta para que ese marco legal se convierta plenamente en una realidad cotidiana.

Por un lado, indica que el acceso a la información es el pilar mejor valorado en los últimos años, como desde su punto de vista muestra que ocho de cada diez profesionales (83,9%) siga haber solicitado información ambiental alguna vez a la administración pública. Sin embargo, incide en que las "principales barreras" para avanzar hacia la "transparencia proactiva" en y "extender ese modelo al conjunto de las instituciones" son "actitudinales" y no tecnológicas. "La solución está más cerca de la voluntad institucional y la formación que de grandes inversiones", recalca.

Asimismo, señala que un número similar --el 77,7%-- de profesionales indica haber participado en algún proceso de consulta pública, lo que a su juicio refleja una cultura participativa activa en el sector. "Experiencias como la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética o la Ley de Aguas de Extremadura revelan que cuando los procesos son genuinos y existe retorno real sobre las aportaciones, la participación genera legitimidad y confianza", destaca.

Frente a esto, el Barómetro apunta a que el acceso a la justicia es el pilar con "más recorrido de mejora". En este sentido, explica que muchas organizaciones ambientales desconocen o encuentran dificultades para activar el derecho a la asistencia jurídica gratuita para entidades que reconoce la Ley por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medioambiente.

Además, el informe también apunta a que los plazos judiciales alcanzan "una media de 19 meses en los Tribunales Superiores de Justicia, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recogidos en el Informe Nacional de Cumplimiento presentado ante la UNECE en 2025". Asimismo, habla sobre "la falta de ejecución de sentencias favorables".

Sin embargo, también identifica experiencias positivas como la "creciente" abogacía probono y la especialización judicial en el ámbito hídrico, que según dice "que el cambio es posible". "Las medidas necesarias son concretas y realizables: formación de funcionarios, instrucciones claras a los colegios de abogados, reducción de plazos y refuerzo en la ejecución de sentencias", recalca.

EL 53,1% DE LOS PROFESIONALES NO CONOCE EL CONVENIO DE AARHUS

De acuerdo con el Barómetro, el 53,1% de los profesionales tiene un conocimiento nulo o básico del Convenio de Aarhus, incluyendo el 57,4% de quienes trabajan en la administración pública. En este marco, recomienda formar a todos los niveles de la administración sobre el tratado, con especial atención a la local. Además, incide en la obligación legal de retorno motivado en los procesos de participación.

Por último, pide la garantía efectiva del derecho a la asistencia jurídica gratuita para entidades ambientales previsto en la Ley por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medioambiente.

La investigación ha estado liderada por la consultora SAMSO y dirigida por Cristina Monge y Joan Herera, que han recalcado que "España tiene el marco normativo, experiencias exitosas en los tres pilares y profesionales comprometidos con la mejora continua". "El diagnóstico está hecho y las soluciones ya se han planteado a partir de las propuestas y barreras identificadas por los propios profesionales del sector. Hacer que se pueda es un compromiso colectivo que empieza por conocer los derechos que ya tenemos y que nuestro marco normativo ya protege", han señalado.

El acto ha estado presidido por Antonio Lucio, presidente de la Fundación Conama, quien ha aprovechado para presentar también la nueva edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente --CONAMA 2026--, que se celebrará en IFEMA Madrid del 30 de noviembre al 3 de diciembre bajo el lema "Hacer".