Las supuestas víctimas son trabajadores extranjeros que desempeñaban funciones de carga y descarga de pollos en granjas avícolas
PONTEVEDRA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía pide penas de tres y cuatro años de prisión para cinco vecinos de Pontevedra acusados de explotar laboralmente a inmigrantes, que se encontraban en España en situación irregular y sin permiso de trabajo.
Se trata en todos los casos de trabajadores extranjeros que desempeñaban funciones de carga y descarga de pollos en granjas avícolas de las localidades pontevedresas de Silleda, Cambados y O Rosal, donde eran contratados verbalmente por los distintos responsables de personal que, según señaló el fiscal, cumplían órdenes de Jorge Ignacio L.M..
El Ministerio Público sostiene que esta persona recibía los encargos de los diferentes mataderos y granjas, y tras quedarse con una determinada cantidad de dinero distribuía el trabajo de carga y descarga entre distintos equipos de trabajo dirigidos por los también procesados Mercedes P.M., Maria Nieves T.C., Mohamed I. y Mohamed M..
A los procesados se les acusa de emplear mayoritariamente a marroquíes que trabajaban en horario nocturno de más de once horas, sin pagas extraordinarias y sin Seguridad Social, que debían pagar 25 euros cada quince días para costearse ellos mismos los instrumentos y ropa de trabajo.
Según manifestó el fiscal, Jorge Ignacio L.M. daba indicaciones a sus colaboradores, "incitándoles a contratar a los que carecían de permiso de trabajo para incrementar los beneficios, siendo plenamente consciente de las condiciones de explotación laboral y castigando sin trabajo y sueldo a los equipos que sufrieron una muerte elevada de animales".
INCOMPARECENCIA
El juicio iba a celebrarse hoy en el Juzgado de lo Penal Número 1 Pontevedra, pero se suspendió por incomparecencia de una decena de testigos, inmigrantes que trabajaban en esa situación de explotación laboral destapada en 2006 durante una intervención conjunta de la Brigada de Extranjería y la Inspección de Trabajo.
Los abogados defensores consideran "muy importante" la declaración de estos testigos, por lo que el juez dio orden para que se averigüe su paradero, si están en España o ya fueron expulsados, con la intención de citarlos nuevamente para el juicio que se celebrará el 23 de noviembre.
