Fiscalía urge a abordar las diferencias de criterio entre registros civiles y tribunales sobre la gestación subrogada

Aprecia un aumento de reclamaciones por fialiación derivada de técnicas de reproducción asistida, tanto de parejas lebianas como por subrogación

Archivo - Sede de la Fiscalía General del Estado (FGE), a 8 de junio de 2023, en Madrid (España).
Archivo - Sede de la Fiscalía General del Estado (FGE), a 8 de junio de 2023, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo
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Actualizado: viernes, 5 septiembre 2025 14:01

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha llamado a abordar las diferencias de criterio entre registros civiles y tribunales sobre la gestación subrogada en su Memoria correspondiente al 2024 presentada este viernes durante la apertura del Año Judicial.

En el documento recogido por Europa Press informa de un incremento de demandas de reclamación de filiación derivadas de técnicas de reproducción asistida, bien filiación materna de parejas lesbianas y especialmente de la llamada gestación por subrogación.

Esta última, indica que es nula, pero que al estar permitida en otros lugares, quienes desean tener hijos acuden a esos países para eludir la legislación interna e intentan posteriormente legalizar la situación a través del Registro Civil.

Asimismo, recuerda que el Tribunal Supremo (TS) en el año 2022 dictó una sentencia del Pleno rechazando la gestación por subrogación "por atentar contra la dignidad de la madre gestante y del hijo", pero advierte que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (antes, la Dirección General de Registros y Notariado) permite su inscripción si existe una resolución judicial extranjera que reconozca la filiación.

En esta misma línea, señala que el TS ha vuelto a pronunciarse de nuevo sobre el tema con otra sentencia en la que se deniega el exequatur respecto de una sentencia dictada por un tribunal del Estado de Texas (EEUU) que validaba un contrato de gestación subrogada atribuyendo la paternidad de los dos hijos nacidos a los comitentes.

Así, expone que el TS insiste en que la gestación subrogada "atenta contra la integridad física y moral de la mujer gestante y del menor al ser tratados como cosas susceptibles de comercio, privándoles de la dignidad propia del ser humano y vulnerando sus derechos fundamentales, lo que afecta al orden público, constituyendo un límite al reconocimiento de decisiones de autoridades extranjeras".

"Los diferentes registros y órganos judiciales mantienen posturas distintas, situación que ya fue puesta de manifiesto desde la memoria de 2016 y que urge abordar dado la complejidad de la materia y la implicación del interés superior del menor", subraya.

AGENCIAS QUE REALIZAN PUBLICIDAD COMERCIAL DE LA GESTACIÓN SUBROGADA

Por otro lado, la Fiscalía apunta que este año se han recibido "múltiples comunicaciones" de particulares o asociaciones señalando páginas web de agencias y entidades que "a su entender estaban realizando una publicidad comercial de los programas de gestación subrogada existentes en aquellos países en que tal práctica es lícita, ofertando sus servicios e intermediación".

En este sentido, agrega que, tras un análisis de la documentación y la práctica de algunas actuaciones, cuando se ha entendido que podía existir publicidad ilícita en los términos de la Ley General de Publicidad, se han remitido las diligencias a las diferentes fiscalías competentes dado el domicilio de la entidad. Algunas añade que se han archivado. También ha solicitado colaboración al Instituto de las Mujeres a fin de identificar y localizar a otras entidades.

Actualmente destaca que existen diligencias preprocesales sobre la materia en Barcelona, Málaga y Madrid, que recientemente ha formulado demanda ante los juzgados de lo mercantil contra tres entidades que actuaban o tenían su domicilio social en la capital.

Finalmente, Fiscalía critica en el documento la "escasa regulación" de la custodia compartida y de sus efectos que contiene el Código Civil, a diferencia de las normas forales. "Una mayor regulación común podría reducir la litigiosidad en esta materia y con ello, la amplia actividad jurisprudencial dedicada a dar pautas en cuestiones no resueltas expresamente por la ley", recalca.

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