El Gobierno afirma que las ONG han acogido al 80% de los inmigrantes trasladados a la Península

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

De las 11.826 personas que han sido trasladadas en lo que va de año desde las Islas Canarias a la Península, 9.585 (80%) irregulares han sido acogidos por organizaciones no gubernamentales (ONG), mientras que las comunidades autónomas sólo se hicieron cargo de 2.189 (20%). Estos son los datos que hizo públicos hoy el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, que destacó asimismo la ayuda económica que el Gobierno del PSOE destina a las ONG se ha duplicado, según dijo, en los dos últimos años, hasta los 12 millones de euros.

Caldera defendió que se cumple "estrictamente y rigurosamente" el protocolo de traslado de inmigrantes de Canarias a la Península, respetando sus derechos y avisando a las comunidades autónomas. "En una sola ocasión y para 50 personas hubo un fallo de comunicación, como ha reconocido el Gobierno, recientemente en Barcelona", admitió, aunque precisó que ya se ha convocado de nuevo la Comisión Mixta de Traslados para discutir allí cualquier problema y mejorar, "pidiendo la solidaridad de todos".

Según los datos de Caldera, un total de 11.826 inmigrantes han sido trasladadas este año a la Península, de las cuales, el 80 por ciento han sido acogidas por las ONG's Cruz Roja (2.742) Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (2.755) Comisión Española de Ayuda al Refugiado (2.148) Consorcio de Entidades para la Acción Integral con Inmigrantes (1.241) y Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (699). "La parte más importante de acogida la desarrollan las ONG, a las que el Gobierno ayuda económicamente", valoró el ministro, resaltando que en dos años se ha duplicado la partida (más de 12 millones de euros) para estas organizaciones.

Por su parte, las comunidades autónomas acogieron sólo al 20% de los trasladados. Destacan la disposición de plazas para acogida de inmigrantes de la Comunidad Valenciana, que ofertó 444, seguida de Aragón (280) Extremadura (263) Cataluña (263) Andalucía (261) Asturias (213) y Castilla-La Mancha (163). En este sentido, Caldera señaló que la Comunidad de Madrid, donde ha habido "críticas injustas", sólo ofertó 120 plazas de acogida de irregulares.

En relación al traslado de menores, Caldera señaló que es una competencia de las comunidades autónomas, pero que el Gobierno entiende que en estos momentos Canarias "está desbordada". Por ello, el Ejecutivo ha ofrecido "toda su cooperación" y ha convocado el Consejo Superior de la Inmigración para desarrollar una estrategia de reparto o ubicación solidaria de estos menores en la Península. "Vamos a tratarlo allí y el Gobierno hará todo lo posible por ayudar a Canarias, siempre pensando en el interés del menor", aseguró.

AUSENCIA POR VACACIONES

Sobre las críticas vertidas por su ausencia por vacaciones mientras se registraba una avalancha de ilegales en Canarias, el ministro dijo que durante los quince días que estuvo de vacaciones le sustituyó la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, que "estuvo íntegramente a diario atendiendo esta situación", mientras que el resto del tiempo se encargó él. No obstante, considera que los más de 18.000 llegados a España este año por el momento es una cifra similar a 2003, cuando gobernaba el PP y año en el que accedieron a las costas españolas unos 19.000 inmigrantes ilegales.

Además, Caldera consideró que hay que ver la inmigración como un fenómeno "positivo" para España, que tiene que abordarse desde el respeto a los derechos de las personas y el reconocimiento a su "importante" aportación a la economía española: mejora el empleo, crece el PIB crezca y aumenta la renta per cápita. Por ello, el Gobierno ha desplegado una "ofensiva diplomática enorme" para implicar a la Unión Europea, no sólo económicamente, sino políticamente.

"Que Europa se tome este fenómeno como prioritario para salvar vidas humanas y evitar los efectos negativos de la inmigración ilegal", afirmó, asegurando que Europa "sí se ha implicado" en esta cuestión porque, a pesar de que la Comisión Europea dice que este año no puede librar más recursos económicos, que el año que viene sí están previstos, sí que va a trabajar por un compromiso institucional y político para conseguir establecer convenios y programas de repatriación humanitaria.