El Gobierno defiende la ley sobre impuestos no deducibles de RTVE y PP, Vox y Junts la rechazan por "chapuza"

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha defendido este martes en el Congreso el real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros en junio para que los impuestos no deducibles por RTVE se consideren coste del servicio público, mientras que PP, Vox y Junts lo han rechazado por "chapuza" y por ser un "auténtico ejercicio de desfachatez".

El Pleno del Congreso votará esta tarde la convalidación del texto que estaba publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) desde el pasado 17 de junio, pero que tiene que someterse al examen del Congreso en un plazo máximo de 30 días.

En real decreto-ley ha sido presentado al Pleno por parte del ministro de Hacienda, Arcadi España, quien ha defendido que la norma "responde a una necesidad concreta, inmediata y perfectamente identificable". "Garantizar la estabilidad financiera de una institución a la que nuestro ordenamiento encomienda la prestación de un servicio público esencial para nuestro país", ha explicado.

España ha afirmado que "el Estado tiene la obligación de proporcionar una financiación suficiente que permita el adecuado cumplimiento de esta facultad". A su juicio, es una medida de "lógica financiera y coherencia institucional".

NO SE APRUEBA "NINGÚN PRIVILEGIO"

"No estamos aprobando ningún privilegio ni ningún mecanismo excepcional de financiación. Estamos garantizando que RTVE ni gane ni pierda patrimonio por la existencia de impuestos no deducibles vinculados a la prestación del servicio público", ha declarado el ministro, que ha solicitado el voto favorable para la convalidación del decreto.

En el debate, la diputada del PP Macarena Montesinos ha remarcado que este real decreto constituye "una auténtica confesión de culpa por parte del Gobierno", y que RTVE y la SEPI llevan "siete años aprobando unas cuentas que incluyen un balance falseado, un activo ficticio y ocultan un pasivo real". "Es una auténtica chapuza. Lo es porque ni da solución a la actual falsedad del balance ni resuelve a futuro la situación financiera de la entidad", ha insistido.

El diputado socialista Vicent Manuel Sarrià, por su parte, ha insistido en que no se trata de "rescatar" a la Corporación ni de "cubrir insolvencias o pérdidas en la gestión". "Únicamente se pretende compensar a RTVE por los costes que eventualmente tuviera que asumir por impuestos soportados no deducibles", ha subrayado.

La diputada de Vox Carina Mejías ha indicado que este real decreto es el "enésimo ejercicio de desfachatez" del Ejecutivo, que "no nace para garantizar el servicio público", sino para "ocultar un agujero de 941 millones de euros, evitar que RTVE entre en causa de disolución, mantener un gigantesco aparato de propaganda del Gobierno y trasladar esa factura al bolsillo de todos los españoles".

Desde Sumar, Francisco Sierra ha indicado que la medida "no resuelve el problema de financiación de los medios públicos, pero preserva el sistema para garantizar su continuidad de posibles consecuencias económicas adversas por una controversia tributaria".

Asimismo, el diputado de Junts Josep María Cruset ha dicho que los medios catalanes necesitan "la misma protección" que RTVE. "Los votos de Junts no sumarán para la aprobación de este real decreto que deja descubiertos a Cataluña Radio y TV3", ha zanjado.

En cambio, el diputado de ERC Álvaro Vidal ha afirmado que votaran a favor pero con "exigencias claras", de control parlamentario "riguroso", "máxima transparencia" en la contabilidad y "garantía de que los recursos asignados sean efectivamente destinados a preservar el servicio público, la calidad informativa y los derechos laborales de la magnífica plantilla".

Por su parte, el diputado del BNG Néstor Rego Candamil considera que RTVE debe reflejar "la realidad plurinacional, pluricultural y plurilingüe del Estado español".

El diputado de UPN en el Congreso, Alberto Catalán, ha declarado que "es una triste realidad que programas de la televisión pública española se han convertido en emisiones sectarias, fundamentalmente, a las órdenes de los líderes del Gobierno y también de sus socios".

La diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Águeda Micó, ha anunciado su voto a favor porque su partido cree en los medios públicos y ha señalado que "en plena era de la desinformación" y de las 'fake news' tener medios de comunicación "fuertes, independientes y bien financiados es una necesidad democrática".

"NO HAY OTRA ALTERNATIVA"

En la Memoria del análisis de impacto normativo, a la que tuvo acceso Europa Press, indica que el objetivo de la reforma de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal es "paliar de forma urgente las consecuencias económicas que genera la incertidumbre financiera a causa de los nuevos pronunciamientos judiciales sobre la sostenibilidad financiera de este servicio público esencial". "No hay otra alternativa", indica.

El texto detalla que el patrimonio neto de RTVE a 31 de diciembre de 2025, sin incluir ninguna provisión derivada de las contingencias fiscales por IVA, asciende a 823 millones de euros. "El registro de una provisión, como consecuencia de un cambio de estimación del riesgo en dichas contingencias por parte de sus auditores, implicaría que su patrimonio neto se viera disminuido en 941 millones de euros y arrojase un importe negativo de 118 millones de euros, y entrase, por tanto, en causa de disolución", advierte.

En este sentido, apunta que de no adoptarse la medida que expresamente identifique estas cantidades como parte del coste neto por compensación del servicio público, "procedería la necesidad de reponerla patrimonialmente". "Esta reposición podría oscilar entre 300 millones de euros, con una reducción muy importante de su capital social, o 900 millones de euros, si se opta por mantener el actual", agrega.

De este modo, sostiene que el cambio de normativa permite mantener el valor actual del patrimonio neto de RTVE al "neutralizar el impacto del eventual coste de los impuestos no deducibles sin ser ya necesario registrar provisión alguna, siendo válido el importe de 823 millones de euros como imagen fiel de su patrimonio y, en consecuencia, no entraría en causa de disolución, y por tanto, ya no sería necesaria la reposición patrimonial señalada anteriormente".

Según indica, el impacto económico del real decreto-ley en las cuentas de 2025 asciende a 941 millones de euros, si bien, "no supone desembolso alguno mientras no se produzca una sentencia desfavorable" y "evita el desembolso de la reposición patrimonial ya que RTVE no entraría en causa de disolución".

DIVERSOS RECURSOS ANTE LOS TRIBUNALES

La memoria apunta que se encuentran pendientes de resolución diversos recursos ante los tribunales de justicia relativos a la deducibilidad de determinadas cuotas impositivas soportadas por RTVE, "habiéndose dictado una reciente sentencia que, aun no referida a la Corporación, genera una incertidumbre incompatible con la seguridad jurídica y la estabilidad necesarias para un servicio público como este".

"Resulta necesario y urgente" --sostiene-- incorporar una previsión legislativa que permita a RTVE reflejar "en sus estados financieros el derecho a percibir del Estado, como parte de la compensación por la prestación del servicio público, el importe de los impuestos soportados no deducibles, posibilitando así su adecuado reflejo en las cuentas anuales a aprobar en el primer semestre de 2026 y garantizando la preservación de su equilibrio patrimonial".

"De no adoptarse de manera urgente esta medida, se produciría un grave perjuicio para el servicio público que tiene encomendado la corporación", advierte el Gobierno en la memoria de impacto firmada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.