El Gobierno plantea una reforma legal para mejorar la lucha contra la inmigración ilegal

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, planteó hoy a los grupos parlamentarios estudiar "reformas normativas convenientes" que permitan mejorar la lucha contra la inmigración irregular y combatir las mafias y la criminalidad organizada que trafica con inmigrantes, según consta en el documento de "Bases para una política de inmigración común", entregado a los portavoces de los partidos, al que tuvo acceso Europa Press.

Este documento, que consta de nueve páginas, también apuesta por crear una Agencia Estatal de Inmigración y Emigración. Estos temas se abordarán en una subcomisión parlamentaria de "estudio, evaluación y formulación" de una política migratoria común, con la voluntad de evitar la confrontación en torno al fenómeno migratorio y "alcanzar un gran consenso sobre la política de inmigración".

El texto no habla de una reforma concreta de la Ley de Extranjería. No obstante, señala que sin perjuicio de los cambios legales y reglamentarios que puedan acordarse en la citada subcomisión, debe abordarse la transposición de las directivas en materia de inmigración y refugio, así como la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para establecer el principio de persecución universal de los delitos relacionados con el tráfico y la explotación de seres humanos.

Entre las bases del acuerdo que plantea a los partidos (un total de 25 puntos), destaca la propuesta de realizar una "urgente modernización de las estructuras administrativas", a través de un Plan de Reforma de las mismas y una simplificación y agilización de los procedimientos documentales para adecuarlos a las nuevas necesidades.

Así, plantea un incremento del número de medios humanos y materiales dedicados a las tareas de gestión de las migraciones, así como de documentación, contratación y capacitación de los extranjeros, dado el "crecimiento acelerado de la inmigración que durante la última década ha experimentado España".

PLENO RESPETO A LA LEGALIDAD VIGENTE

Según el documento, para el Gobierno, el acceso de los inmigrantes a España debe fundamentarse en "el pleno respeto a la legislación vigente". El Ejecutivo cree que la determinación de la capacidad de acogida se realizará en base a las necesidades del mercado de trabajo establecidas por las Administración, mientras que la colaboración entre Gobierno, comunidades y agentes sociales "garantizará la adaptación de los flujos migratorios a las demandas laborales", a través del contingente anual y del régimen general.

Por otra parte, para la ordenación de flujos migratorios se prevé promover la firma de convenios con los países de origen y tránsito de los inmigrantes que faciliten la contratación en origen y la repatriación de los irregulares, así como el establecimiento de programas de codesarrollo. Entre las propuestas también se encuentra la potenciación de la inspección laboral para luchar contra la explotación.

En opinión del Gobierno, las administraciones públicas deben propiciar la plena integración de los inmigrantes que residen en España. En este sentido, prevé que las actuaciones de integración pasan por la cooperación y corresponsabilidad de las administraciones central, autonómica y local, respaldadas por el Gobierno.

Por otra parte, para garantizar la cohesión social y la calidad de los servicios públicos, el documento entregado por De la Vega subraya que las administraciones deberán aumentar los recursos para velar por el mantenimiento de las prestaciones sociales y el adecuado uso de las mismas.

SITUACIONES DE EMERGENCIA

Ante situaciones de emergencia que provoquen una crisis humanitaria, como la del pasado verano en las costas de Canarias, el Gobierno asegura que activará "recursos e instrumentos" para responder de manera eficaz, prestando plena colaboración a las autonomías y ayuntamientos y garantizando el trato y la atención digan a los inmigrantes, para evitar que se genere alarma social.

En lo que se refiere a la convivencia, el criterio del Gobierno pasa por que los inmigrantes acepten los principios y valores del marco legal y constitucional español, así como las normas de la convivencia cotidiana. Los poderes públicos deberán promover el conocimiento y educación en esas normas y valores y asegurarán que la sociedad de acogida respete las creencias, usos y costumbres de los extranjeros.

Las propuestas del Ejecutivo de Zapatero también pasan por incrementar los medios fronterizos, los sistemas tecnológicos de control en el mar, aumentar la capacidad de repatriación de extranjeros y mejorar las infraestructuras de acogida e internamiento, con el desarrollo de la normativa que regula su régimen jurídico.

Respecto a los menores no acompañados, cree que debe priorizarse su regreso al entorno familiar en sus países de origen y en su caso desarrollar convenios para la creación de centros de acogida, formación general y ocupacional. En todo caso, se procurará su formación personal y laboral para facilitar su integración y se desarrollará el principio de solidaridad interterritorial para evitar concentraciones en las distintas comunidades autónomas.

POLÍTICA CON LA UE

En materia de política internacional, el documento apuesta por propiciar la corresponsabilidad en el control de fronteras entre los países de emisión y tránsito, la canalización ordenada de trabajadores y la cooperación de la UE para que estos estados puedan gestionar la inmigración regular y combatir la clandestina "con eficacia".

También se impulsará una estrategia común ante la UE guiada por los principios de solidaridad y reparto de responsabilidades y la existencia de financiación suficiente. Para el Gobierno, la Unión deberá impulsar la gestión común de vigilancia y control de fronteras a través de la agencia Frontex, impulsar los convenios de readmisión y que los países cumplan sus obligaciones internacionales. Igualmente, se impulsará la cooperación y judicial contra las mafias.

El documento que poseen los grupos parlamentarios defiende asimismo continuar impulsando y desarrollando campañas de sensibilización en países de origen, tránsito y destino sobre los riesgos de la inmigración; la formulación de una política efectiva de cooperación económica y de desarrollo de los países emisores.

En este ámbito, considera que la cooperación al desarrollo debe hacerse con la selección de los países prioritarios que cooperen en la lucha contra l inmigración ilegal.

Igualmente, defiende recortar los costes de transferencias de remesas, promoviendo servicios de envío de fondos "más baratos y accesibles", atendiendo a la importancia que tiene el dinero que envían los inmigrantes a los países de origen en el desarrollo de los mismos. También sugiere crear estructuras regionales de financiación con microcréditos.