El Govern catalán reclama a Cabrera que sea la Generalitat quien gestione el 0,7% del IRPF destinado a fines sociales

BARCELONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila, reclamó hoy a la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, que sea la Generalitat quien gestione la recaudación del 0,7 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) destinado a fines sociales, para acabar así con el "agravio comparativo" que sufre Cataluña.

Capdevila contestó así en un comunicado a Cabrera que ayer aseguró que no se territorializarán dichas ayudas, después de que el 17 de septiembre el Congreso aprobase una moción en la que se desatascaba la negociación sobre este concepto. Capdevila lamentó que se "pise" el Estatut y recordó que la Generalitat tiene competencias exclusivas en las materias subvencionadas con dicho porcentaje del IRPF.

Por esta razón, el Govern interpuso un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional para que sea el Govern el que gestione la concesión de subvenciones, y no el Gobierno central.

La consellera informó que el 46 por ciento de los catalanes marcan la casilla de fines sociales en la declaración de la Renta, 13 puntos por encima del resto del Estado, mientras que entre 1999 y 2005 el dinero recibido para aportaciones a fines sociales se ha reducido del 23,11 al 14,22 por ciento.

Para la Conselleria, esto es consecuencia de un sistema que "prima las entidades de ámbito estatal" y que "discrimina" a las asociaciones catalanas que no están federadas o confederadas. Esta situación ha provocado que las ONG catalanas dejasen de percibir 90,7 millones de euros entre 1999 y 2006 que se habrían destinado a programas de interés social y, si no se cambia el modelo, en 2015 estas organizaciones habrán dejado de recibir 430 millones de euros.

Para Capdevila, Cataluña está "doblemente discriminada" porque no se respeta la voluntad de los catalanes al marcar la casilla de fines sociales y las personas más necesitadas no reciben un dinero que les correspondería.

Por todo ello, Capdevila reclamó la territorialización del 0,7 por ciento del IRPF y, en caso de no conseguir la gestión total, al menos conseguir la gestión directa del 50 por ciento y asignar a Cataluña una parte proporcional de la otra mitad teniendo en cuenta la población.

EL TERCER SECTOR LAMENTA LA POSTURA DEL GOBIERNO

La Taula del Tercer Sector Social, que agrupa a unas 3.000 ONG, lamentó también la postura expresada por la ministra Cabrera y consideró que esta decisión no respeta las competencias autonómicas exclusivas que tiene Cataluña en esta materia.

El presidente de al Taula, Carles Barba, consideró que el Gobierno debería aprovechar el aumento del 0,52 por ciento al 0,7 por ciento destinado a fines sociales, ya que esta situación "permite redistribuir los fondos sin que nadie pierda".

"Establecer el tramo autonómico del 50 por ciento no supone mermar los programas de las entidades estatales ni la capacidad de decisión del Ministerio. Espero que la ministra Cabrera reconsidere su posición", añadió. Por último, señaló que Cataluña tiene "tantas o más" necesidades sociales que el resto de territorios españoles.