La hermana de uno de los jesuitas asesinados en El Salvador asegura que siempre es bueno "intentar hacer justicia"

VALLADOLID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Catalina Montes, hermana de Segundo Montes, uno de los seis sacerdotes jesuitas asesinados en El Salvador en 1989, aseguró hoy tras saber que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investigará los asesinatos de los seis religiosos, cinco de ellos españoles, y dos mujeres, que siempre es una "buena noticia" que se intente "hacer justicia" para que hechos de similares características no se repitan.

En declaraciones a Europa Press Catalina Montes, presidenta de la Fundación Segundo y Santiago Montes, con sede en Valladolid, recordó que pese a que Velasco haya admitido a trámite la querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) contra 14 miembros del Ejército de El Salvador, los hechos que se investigarán, ocurridos hace 20 años, han pasado "por mil tribunales" de América.

En este sentido, Catalina Montes puso de manifiesto que el asesinato de su hermano y de los otros cinco sacerdotes ha estado, desde el primer momento, en distintos tribunales dado que fueron crímenes "muy complicados" --el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 inicia la investigación penal contra los 14 militares, entre los que se encuentran cuatro generales en el momento de los hechos, por la posible comisión de un delito de asesinatos terroristas y contra el derecho de gentes--.

En referencia a la demora en el posible enjuiciamiento de los asesinatos, la hermana de Segundo Montes aseveró que, a lo largo de los últimos 20 años, las víctimas de aquella jornada siempre han estado "presentes" para sus familias y calificó de "espantosos" los hechos acaecidos en 1989, especialmente por dirigirse a personas cuyo trabajo radicaba en ayudar a los más desfavorecidos, punto en el que recordó que los sacerdotes contaban con "voz" en distintos foros internacionales.

Asimismo la hermana de Segundo Montes, quien reconoció haber recibido muchas llamadas telefónicas, incluso desde Estados Unidos, y quien conoció el proceso legal a través del despacho de abogados que lleva el tema, consideró que el proceso se ha agilizado "bastante" dado que la querella se preparaba desde hacía cerca de dos años.

La Fundación Segundo y Santiago Montes, presidida por Catalina Montes, centra precisamente su trabajo en el desarrollo y bienestar de la Ciudad Segundo Montes, situada en una de las zonas más desfavorecidas de El Salvador y cuyo origen fue un campamento de 8.500 huidos al vecino Honduras durante la guerra civil, en su mayoría ancianos, mujeres y niños.

LOS HECHOS

Los asesinatos, atribuidos a miembros del Batallón Atlacatl del ejército salvadoreño, fueron cometidos el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de San Salvador. En concreto, perdieron la vida el rector del campus, Ignacio Ellacuría, y los sacerdotes Juan Ramón Moreno, el burgalés Amando López, los vallisoletanos Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, el religioso salvadoreño Joaquín López y López y el ama de llaves Elba Julia Ramos y su hija Celina, nacidos también en el país sudamericano.

En su resolución, el juez Velasco también ordena la declaración testifical del ex fiscal general de la República Belisario Amadeo Artiga, del juez Ricardo Zamora y los abogados Henry Campos y Sidney Blanco, estos dos últimos fiscales asignados al caso cuando se enjuició en El Salvador y que renunciaron cuando, según la querella, fueron obligados a minimizar el interrogatorio a los militares imputados. Posteriormente, representaron a las acusaciones particulares.

Asimismo, libra con carácter urgente una comisión rogatoria a las autoridades de este país para que le remitan testimonio completo de la causa penal que se llevó a cabo en el Juzgado Cuarto de lo Penal de San Salvador, a fin de conocer los "mecanismos de perdón y de extinción de la responsabilidad criminal" de los que pudieron beneficiarse los "autores intelectuales y/o materiales de los asesinatos".

También se dirige a la Justicia de Estados Unidos para que tome testimonio a William McCollum, miembro de la Delegación que viajó a El Salvador como parte de una comisión del Congreso de Estados Unidos que investigó estos hechos en 1990, y al mayor del Ejército norteamericano Erick Buckland.

El auto rechaza la petición de los querellantes de investigar la responsabilidad penal del que entonces era presidente de El Salvador, Alfredo Cristiani Burkard, bajo el argumento de que no existe "base indiciaria suficiente" para imputarle y que, además, se le atribuye un delito de encubrimiento que no tiene la naturaleza de "persecución universal".

LA QUERELLA

La querella, interpuesta en nombre de Alicia Martín-Baró, religiosa carmelita y hermana de una de las víctimas, está dirigida contra los generales Humberto Larios, René Emilio Ponce, Juan Rafael Bustillo y Juan Orlando Cepeda; los coroneles Inocente Orlando Montano y Francisco Elena Fuentes; los tenientes Carlos Camilo Hernández Barahona, José Ricardo Espinoza Guerra y Gonzalo Guvara Cerritos; los sargentos Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zarpate Castillo; el cabo Ángel Pérez Vásquez y los soldados José Alberto Sierra Ascensio y Óscar Mariano Amaya Grimaldi.

La querella fue presentada el pasado 13 de noviembre por la APDHE, que cuenta con el apoyo del Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), con sede en San Francisco (Estados Unidos). A este último colectivo, el juez Velasco le solicita el original de sus estatutos y su acta de constitución para que pueda personarse como parte acusadora.

Las asociaciones querellantes basaban su reclamación en que cinco de las víctimas eran españolas y en el principio de justicia universal, que permitió en 1998 el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet por orden del juez Baltasar Garzón.

Por su parte, Alfredo Cristiani, presidente del país centroamericano entre 1989 y 1994, fue acusado por los querellantes de encubrir estos crímenes, que precipitaron el final de la guerra civil en El Salvador, que enfrentó desde 1980 hasta 1992 a las Fuerzas Armadas de El Salvador y las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

En 1993 la Asamblea Legislativa de ese país aprobó una amnistía general que, según denuncia la APDHE, "ha protegido hasta el día de hoy a los responsables, que continúan libres y gozan de cierta influencia política en el país".