Los 'populares' contemplan presentar un recurso de inconstitucionalidad si se aprueba en su redactado actual
MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los inmigrantes recluidos en Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) no podrán permanecer en la instalación más de 60 días aunque pidan asilo o habbeas corpus, ya que la Comisión de Trabajo e Inmigración acordó hoy eliminar del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería planteado por el Gobierno el artículo que establecía que en estos dos supuestos un juez podía paralizar el cómputo de días de reclusión.
De este modo, si un inmigrante retenido en un CIE pedía asilo, los días que la Administración tardase en dar una respuesta permanecía internado sin que se tuviera en cuenta el paso del tiempo. Si al final la petición era inadmitida, el recuento se reanudaba mientras las autoridades intentaban ejecutar la expulsión. Así, un extranjero podría haber estado retenido los 60 días de plazo máximo fijados en la nueva ley más otra veintena de jornadas adicionales que no se computaron porque estaba tramitando su petición de refugio.
Esta es una de las principales novedades incorporadas por la última sesión de la Comisión de Trabajo e Inmigración, que aprobó con la abstención del PNV y la oposición de PP y ERC-ICV-IU el texto de reforma de la Ley de Extranjería tras analizar 730 enmiendas, incorporar 204 y transaccionar otras 89. El contenido se votará en el Pleno del Congreso de este jueves y ya cuenta con el respaldo de CiU y Coalición Canaria.
No está tan clara la posición del PNV, cuyo portavoz, Emilio Olabarría, explicó que son tres los motivos por los que la formación se abstuvo en la votación: piden que el reparto de los menores inmigrantes no acompañados entre las comunidades autónomas sea proporcional a su población; que las víctimas de violencia de género extranjeras tengan acceso a un permiso de residencia aunque no cuenten con una sentencia judicial que avale su condición y que todas las peticiones de regularización por arraigo sean admitidas a trámite.
SIN APOYO DEL PP NI DE LA IZQUIERDA
Por otra parte, el Grupo Popular y el formado por IU,ERC e ICV, advirtieron al PSOE de que no apoyarán la reforma en su redactado actual porque si bien durante la tramitación parlamentaria se han incorporado algunas de las propuestas de ambas formaciones, el resultado no satisface sus expectativas.
En este sentido, el portavoz de ERC, Joan Tardá, explicó que la formación ha "intentado negociar para que esta ley pueda ser respaldada por la izquierda", sin embargo, el texto elaborado por la ponencia ha resultado "una ley regresiva que no se puede apoyar, aunque haya mejorado respecto al proyecto de ley presentado por el Gobierno".
Por su parte, el portavoz del PP en materia de inmigración, Rafael Hernando, expresó su "desolación" porque la ponencia "solamente" haya incorporado dos de las 63 propuestas del que es el principal partido de la oposición cuando, en su opinión, una "materia tan sensible (...) tendría que haberse aprobado con el acuerdo de las fuerzas mayoritarias" porque "ya afecta al 12% de la población" de España.
POSIBLE RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Además de la falta de acuerdo en torno a sus enmiendas, Hernando manifestó el malestar del PP por el contenido definitivo del texto y avanzó que de aprobarse en su redactado actual, la formación presentaría un recurso de inconstitucionalidad al entender que las competencias que se reconocen a "ciertas" comunidades autónomas en materia de extranjería invaden la potestad del Gobierno.
En concreto, se refirió a una enmienda introducida por Coalición Canaria según la cual "las Comunidades Autónomas podrán establecer acuerdos con los países de origen dirigidos a procurar que la atención e integración social de los menores se realice en su entorno de procedencia", lo que en su opinión es "una insensatez" que invade "una materia exclusiva y reservada al Estado".
"Es un sin sentido porque facilita la ocupación por parte de algunas comunidades autónomas de competencias que son exclusivas del Estado. Ya hay alguna comunidad con 60 embajadas abiertas en el exterior, si además pueden firmar convenios bilaterales con otros países abriríamos una caja de pandora que sólo va a servir para dificultar la necesidad de tiene una política exterior de ser coordinada en el conjunto del Estado", explicó.
Para la portavoz socialista, Esperança Estéve, no ha lugar a esta oposición ya que el retorno de los menores seguirá siendo competencia exclusiva del Estado y la ley lo que reconoce es "la posibilidad de hablar con el otro y llegar a acuerdos". "¿Si yo puedo en Malí crear un centro formativo y para que unos chavales después puedan llevar su talento al desarrollo de su propio país, qué estamos haciendo acogiendo a todos los menores?", planteó la diputada.
Otra de las cuestiones que más críticas han suscitado en el PP es la posibilidad, también a petición de Coalición Canaria, de que las Comunidades Autónomas transfieran la tutela de los menores inmigrantes no acompañados a ONG mediante convenios. "Es un error y un disparate: La tutela tiene que ser de las administraciones públicas (...) y no pueden pretender que las ONG se responsabilicen de lo que son sus competencias", apuntó Hernando, para quien esto supondría "privatizar" la protección de estos niños y adolescentes.
Sin embargo, Estéve defendió que el proyecto de ley en su conjunto ha "incrementado las garantías" y se preguntó "en qué países de Europa existen los derechos y las ventajas que están en esta ley". En la misma línea, el también portavoz socialista Óscar Seco defendió que el proyecto de ley tiene "un carácter netamente progresista" que es "plenamente compatible con los valores de la Constitución".
