Publicado 18/09/2018 17:24:49 +02:00CET

Más de 300 organizaciones piden al Gobierno que lidere una campaña y actúe ante la ONU contra la gestación subrogada

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 organizaciones que integran la Red Estatal Contra el Alquiler de Vientres (RECAV) han pedido al Gobierno que lidere una campaña y actúe ante Naciones Unidas para "frenar el alquiler de vientres y el tráfico de bebés".

En declaraciones a Europa Press, la portavoz de la Red Estatal Contra el Alquiler de Vientres, Alicia Miyares, ha explicado que la Red ha registrado tres cartas en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; en el de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad; y en el de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

En el texto, según ha detallado Miyares, se comunica al Ejecutivo que la Red tiene constancia de que "algunas agencias de la ONU están tratando la posibilidad de elaborar un convenio internacional sobre maternidad donde se dé carta blanca a la gestación subrogada altruista".

De este modo, en las misivas dirigidas al Gobierno se le informa de que se está ultimando un comunicado global --del cual ya existe un primer borrador-- "en contra de la practica del alquiler del vientre" y que va a ser suscrita por otras organizaciones en otros países. "Demandamos al Gobierno español que también sea una voz rotunda en contra de esta práctica", ha enfatizado.

Se prevé que este comunicado se haga público el próximo lunes 24 de septiembre, de cara a la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno. "Las agencias en la ONU no pueden estar trabajando seriamente en la posibilidad de articular un convenio internacional sobre el embarazo que dé carta de naturaleza a la mal llamada gestación subrogada altruista porque el altruismo no existe", ha zanjado Miyares.

En el borrador del comunicado internacional, recogido por Europa Press, las organizaciones firmantes denuncian que el "alquiler de vientres (también conocido como "subrogación" o "maternidad subrogada") es una grave violación de los derechos y la dignidad de las mujeres y menores" y añaden que es "una forma de explotación reproductiva de las mujeres y convierte a los recién nacidos en objeto de transacción contractual y comercial".

Acusan a Naciones Unidas y al Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) y al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OHCHR, por sus siglas en inglés) de estar "intentando influir a gobiernos de todo el mundo, especialmente de países en desarrollo", para la legalización de la gestación subrogada.

En este sentido, exhortan a los gobiernos donantes de Naciones Unidas que consideren sus aportaciones económicas a las agencias de la ONU que "apoyan de forma más o menos velada" la legalización de la gestación subrogada.

Asimismo, recuerdan a los gobiernos y estados que, "de acuerdo con sus propios códigos civiles y penales y en consonancia con los tratados internacionales suscritos, ni pueden ni deben permitir el traslado internacional de los niños y niñas nacidos/as a través del alquiler de vientres ni su registro o inscripción ya que con ello alientan un fraude de sus propias leyes y avalan una práctica que conculca los derechos humanos de menores y mujeres".

En este comunicado, las organizaciones piden a todos los jefes de Estado y de Gobierno participantes en la 73ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas que se pronuncien "públicamente" en la Asamblea de la ONU "a favor de los derechos humanos de las mujeres y de la infancia y por la prohibición global del alquiler de vientres".

"Demandamos a todos los gobiernos que tomen todas las medidas oportunas para perseguir e impedir el alquiler de vientres a nivel internacional y nacional, con la colaboración estrecha entre gobiernos y un papel activo de embajadas, consulados, policías y sistemas judiciales", añaden.

Igualmente, exigen la ilegalización y clausura de las agencias, clínicas y todos los negocios relacionados con la gestación subrogada "en todos los países del mundo, así como la ilegalización de los anuncios publicitarios".

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, se ha mostrado contraria a la gestación subrogada y recientemente ha reclamado un acuerdo internacional sobre esta práctica similar a los que existen en lo relativo al tráfico de órganos y a la adopción internacional.

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