GRANADA, 30 May. (EUROPA PRESS) -
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Granada afirmó hoy que recurrirá a la vía administrativa para abrir la fosa de Federico García Lorca, en la que se encuentran los restos de Dióscoro Galindo y Francisco Galadí.
Así lo acordaron los miembros de la asociación tras conocer la resolución de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad, que no se ve competente para decidir sobre la fosa común en la que supuestamente está enterrado Federico García Lorca.
El vicepresidente de la asociación, Rafael Gil Bracero, en declaraciones a Europa Press, explicó que en en la reunión mantenida hoy se determinó "recurrir y abrir la vía administrativa" para que se les autorice "a exhumar en los terrenos propiedad de la Diputación y para solicitar la autorización del estudio arqueológico a la Delegación Provincial de Cultura".
En este sentido, Gil Bracero declaró que "numerosas fosas repartidas por toda España ya han sido exhumadas" desde que el pasado septiembre sus familiares presentaran una denuncia ante la Audiencia Nacional para recuperar a sus antepasados, como hicieron también Nieves Galindo y Francisco Galadí, por quienes lamentan que "experimenten otro paro en sus derechos y peticiones".
Asimismo, y respecto al deseo de la familia de García Lorca de no abrir la fosa común, el vicepresidente aseguró que para "la asociación y gran parte de la sociedad los derechos de una familia son equivalentes a los derechos de otra".
Por ello, indicó que no van "a arrojar la toalla" y que "seguirán hasta las últimas consecuencias, ya sea por la vía judicial o la vía administrativa", al considerar que "es de justicia ayudar y dar auxilio a aquellos familiares que no tienen cobertura".
En este sentido, Gil Bracero lamentó que "lo que aquí parece imposible se esté haciendo en el resto del Estado" y que, al tiempo que conocían las reacciones de la jueza de Granada, en otros lugares de la geografía española se autorice a la "exhumación amparada en derechos y en ley", lo que achacó al hecho de que "los jueces no tienen un criterio uniforme sino que interpretan".
