MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
Los obispos han aprobado por unanimidad un proceso de trabajo para desarrollar un Plan de reparación integral de víctimas de abusos sexuales, que contempla indemnizaciones económicas a las víctimas de abusos tanto si media sentencia judicial como si no hay por determinadas circunstancias como que el victimario haya fallecido.
Así lo ha avanzado el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, este viernes en una rueda de prensa, en el marco de la Asamblea Plenaria de la CEE.
"En los casos en que no haya sentencia judicial si hay una convicción moral porque judicialmente no puede haber sentencia --a lo mejor porque el victimario ha fallecido o porque hay una prescripción civil--. En esos casos, si se llega a una convicción moral de que ha habido un abuso sexual, habrá que estudiar caso por caso y si se ve que se llega a esa convicción moral, sí, habrá también esa reparación integral", ha explicado el portavoz de los obispos.
En todo caso, ha precisado que todavía no tienen "calculado" el "fondo" para las indemnizaciones a las víctimas porque eso habrá que articularlo dentro del plan de reparación a cuyo desarrollo han dado luz verde este viernes.
Lo mismo ha dicho con respecto al importe de las indemnizaciones, aunque ha puntualizado que habrá que diferenciar los casos que vengan por vía judicial, en los que hay que atenerse a lo que diga el juez, de los otros.
"No puedo especificar las tablas económicas porque todavía no está articulado pero lo que está determinado por sentencia judicial hay que atenerse a lo que sea la sentencia judicial que obliga al pago, sea al victimario o sea, en su caso, una responsabilidad civil subsidiaria, pero lo mismo también los casos que no se puedan llevar a juicio, que no puedan tener una sentencia judicial, también se van a estudiar para que haya esa reparación como una obligación moral", ha insistido.
En todo caso, preguntado por cómo se pagarán estás indemnizaciones, el obispo ha puntualizado que "en principio lo tienen que pagar los victimarios y en su caso las instituciones implicadas, por ejemplo, si el victimario ha fallecido, la diócesis o el instituto de vida consagrada" pero, "en principio, la Conferencia Episcopal no".
Por otro lado, sobre la auditoría sobre abusos sexuales encargada por los propios obispos al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, García Magán ha precisado que Cremades les envió el pasado viernes un "borrador sujeto a cambios" de unas 800 páginas que "no se corresponde con el índice originalmente aprobado" y tres anexos con un cuadro de denuncias provisional.
El informe se tendría que haber presentado el pasado mes de marzo, cuando se cumplía un año del encargo, pero aún no se ha entregado. Los obispos dieron un ultimátum al bufete pero tampoco se ha cumplido este plazo y Cremades se ha comprometido a presentar el documento final el próximo 15 de diciembre.
En cuanto a la reunión con el Papa Francisco que tendrá lugar el próximo martes 28 de noviembre, el secretario general de la Conferencia Episcopal ha precisado que el Pontífice les ha convocado para darles los resultados de la visita a los seminarios del curso pasado. No obstante, no descarta que le comenten "con mucho interés" su plan de reparación a víctimas de abusos, si Francisco les pregunta, "si sale el tema".
"Le puedo asegurar que no hay temor. ¿Que es un hecho singular? No ocurre todos los días que el Papa convoque a un episcopado", ha reconocido, pero ha insistido en que el único punto del orden del día es el asunto de los seminarios.
SER TRANSPARENTES Y RENDIR CUENTAS
Los obispos reunidos en Asamblea Plenaria también han aprobado este viernes un 'mensaje al pueblo de Dios' titulado 'Enviados a acoger, sanar y reconstruir', en el que piden perdón a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia y se comprometen a "ser transparentes" y a "rendir cuentas".
"Los abusos a menores nos han llenado de tristeza. Como en otras ocasiones, queremos expresar sin ambages el dolor, la vergüenza y la pesadumbre que causa en nosotros esta realidad que traiciona el mensaje del Evangelio. De ninguna manera, pretendemos buscar excusas o justificaciones para eludir cualquier responsabilidad que pueda correspondernos como Iglesia", subrayan.
Al mismo tiempo, reiteran su "más sincera petición de perdón" a todas las personas que han sufrido debido a estas "execrables acciones", especialmente a las víctimas y sus familias. "Pedir perdón es reconocer nuestra limitación, nuestra pobreza, nuestra debilidad, nuestra falta de coraje. Sabemos que el daño y el dolor causados son imborrables, pero pedir perdón y perdonar es el primer paso para sanar las heridas", indican.
Además, señalan que "el sufrimiento lo han causado no solo los abusos sino también el modo en que, a veces, se han tratado". "No hay palabras suficientes para expresar cuánto lamentamos el dolor de las víctimas, así como la traición cometida por parte de algunos miembros de nuestras comunidades. Estos actos, que no son solo pecados sino también delitos, son incompatibles con los valores fundamentales de nuestra fe", añaden.
Por ello, se comprometen "a ser transparentes" en este proceso y a "rendir cuentas ante las víctimas, la Iglesia y Dios"; y recuerdan que, desde 2001 están trabajando para luchar contra los abusos, revisando sus protocolos de seguridad y formación. Este año, la Conferencia Episcopal, a partir del trabajo realizado por las Oficinas de protección de menores, elaboró su propio informe, 'Para dar luz', que recogía 728 testimonios de víctimas, desde la década de 1940 hasta la actualidad.
El último paso que han dado, según recuerdan es el plan de reparación a las víctimas que tendrá tres líneas de acción: la atención a las víctimas; la reparación integral y la formación.
Además, los obispos destacan que "la rápida apreciación de los abusos, que es esencial para poder actuar con prontitud, debe conducir inmediatamente a la denuncia, en los ámbitos canónico, civil y penal" iniciándose así "la actuación judicial que es imprescindible en el camino de la reparación".
En este sentido, precisan que, "en el contexto legal, la determinación de si un acto constituye delito de abuso y quién es responsable de dicho hecho delictivo corresponde a la autoridad judicial, como asimismo las medidas legales que pueden ser tomadas en consecuencia".
Sin embargo, advierten de que "poner el foco únicamente en la Iglesia es desenfocar el problema" por lo que piden que "las recomendaciones y las medidas" no solo se dirijan a ellos, sino a toda la sociedad.
Finalmente, los obispos dicen que "no es justo atribuir a todos el mal causado por algunos" y, por ello, animan a los fieles a arropar a laicos, misioneros, consagrados, diáconos, sacerdotes y obispos, que más allá de sus "limitaciones y fragilidades", se "entregan cada día" y cumplen con una misión "muy difícil y no siempre reconocida". También ofrecen su experiencia para ayudar a cualquier otra institución a luchar contra los abusos.
