Publicado 24/09/2019 15:08CET

Organizaciones piden que el Código Penal incluya específicamente el acoso a mujeres que deciden abortar

Representantes asociaciones y sindicatos a favor del IVE en rueda de prensa
Representantes asociaciones y sindicatos a favor del IVE en rueda de prensa - EUROPA PRESS

   MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Un total de 62 organizaciones y sindicatos han reclamado al Gobierno que se tipifique en el Código Penal la coacción y el acoso que las mujeres que deciden abortar en los alrededores de las clínicas que practican las interrupciones de embarazo. Esta modificación permitiría, según explican, que la justicia pueda actuar de oficio y que las mujeres afectadas no tengan que denunciar y pasar por el trámite que esto supone.

   En contraposición a la campaña de oración conocida como '40 días por la vida', que organizan las asociaciones provida en todo el mundo y a la que se han sumado en España Madrid y el Puerto de Santa María (Cádiz), los defensores de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) han anunciado que este miércoles realizarán a las 12.30 horas una "concentración muy pacífica" ante la clínica Dator de Madrid "en contra del acoso que sufren diariamente ante estos centros las mujeres que han decidido abortar".

   Según sus estimaciones, son más de 8.000 las mujeres que han pasado por esta situación de "coacción" desde que en 2010 se aprobara la Ley de plazos del presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Esta norma permite el aborto libre en las 14 primeras semanas; dentro de las 22 semanas si existe grave riesgo para la vida de la embarazada o de anomalías en el feto; y en cualquier momento si se detectan anomalías fetales incompatibles con la vida.

   Sin embargo, aunque el Código Penal español recoge la coacción y el acoso como delitos, los juristas defensores de la IVE señalan que en estos casos hay una desprotección de la víctima, que achacan a "una dejación de funciones" de las administraciones y a que se trata de "un asunto de mujeres" y "no interesa".

SENSACIÓN DE IMPUNIDAD DE LOS ACOSADORES

   En concreto, el asesor jurídico de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), José Antonio Bosch, ha lamentado que las acciones penales contra este "hostigamiento" sólo se investigan en el caso de que la víctima denuncie. Para Bosch, hacer pasar por esto a una mujer después de lo que supone abortar, es "innecesario".

   Además, cree que la sensación de impunidad que sienten los acosadores en la calle provoca que esta situación vaya en aumento cada año y que se contabilicen, "por lo bajo", hasta 100 acciones de coacción al año, según sus estimaciones.

   Tanto para Bosch como para Cristina Colom, vicepresidenta de la asociación 'Mujeres Juristas Themis', sería un gran avance que la justicia pudiera actuar de oficio en esta materia. Algo que se solucionaría si en el Código Penal se incluyera de forma específica la coacción o el acoso a las mujeres que decidan abortar.

   Se trata de una medida que ya se ha puesto en marcha en Francia y que las asociaciones favorables al IVE han trasladado al Gobierno --en una reunión con la ministra de Sanidad-- y a los grupos parlamentarios. Según han explicado, tanto PSOE, como Unidas Podemos y Ciudadanos desconocían la situación que vivían estas mujeres y han mostrado su "sensibilidad" al respecto.

DEJACIÓN DE FUNCIONES DE LAS ADMINISTRACIONES

   Además, han propuesto a las administraciones la declaración de un "perímetro de seguridad" ante estas clínicas, como también se hace en Alemania, Austria, Reino Unido o Irlanda. En este sentido, han celebrado que los socialistas hayan incluido esta iniciativa en sus propuestas para un Gobierno progresista y que Ahora Madrid haya registrado una proposición no de ley en la Asamblea de Madrid en este sentido.

   Los dos expertos juristas han señalado que esta medida responde a una "dejación de funciones" que, a su juicio, están llevando a cabo las administraciones autonómicas y locales, que es "permitir el acoso en la vía pública y el uso de mobiliario urbano para cometer un delito".

   "Cualquier otro grupo de personas que quieren concentrarse o hacer algún acto en una ciudad deben pedir permisos, pero ellos no lo hacen y se sienten impunes", ha insistido Bosch, en referencia a los grupos provida. En este sentido, las organizaciones también lamentan la "falta de educación y formación" de los servidores públicos.

   Finalmente, la secretaria de Igualdad de UGT Madrid, Ana Sánchez de la Coba, ha defendido los derechos de los trabajadores de las clínicas que "también se ven acosados" por hacer su trabajo de forma efectiva. A su juicio, tampoco en este caso "la solución puede venir a través de una demanda" y llama a los políticos a poner una "solución integral" a este problema.

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