El PE culmina su visto bueno a la reforma que endurece política migratoria y consolida los centros de deportación

BRUSELAS 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha culminado este miércoles su visto bueno a la reforma que endurecerá la política de retornos y consolida la externalización de los centros de deportación a territorios extracomunitarios, siguiendo el ejemplo de Italia con Albania.

El nuevo reglamento de retorno, pendiente aún de la adopción formal por parte del Consejo (gobiernos) para su entrada en vigor, ha salido adelante en Estrasburgo (Francia) con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones.

Una vez en vigor, el marco para los centros de deportación extracomunitarios y las disposiciones sobre evaluación de edad de menores serán aplicables de inmediato, mientras que se dará un plazo de doce meses para otras medidas que necesitan adaptación en las legislaciones nacionales.

El nuevo reglamento reemplazará una directiva sobre retornos que suma casi dos décadas y crea el encaje legal necesario para que los gobiernos puedan negociar con terceros países la creación de centros de deportación en ese territorio, a donde trasladar migrantes a los que se ha denegado el asilo una vez llegados a la UE y que están a la espera de ser expulsados a su país de origen o tránsito.

Estos acuerdos con terceros países no son compatibles en la actualidad con el Derecho de la Unión, pero el nuevo reglamento establece las condiciones para que lo sean, permitirá a uno, varios países o incluso a la UE negociar con un Estado tercero para instalar bajo su jurisdicción los centros, con la condición de que cumplan los Derechos Humanos, respeten el Derecho internacional y cumplan el principio de 'non-refoulement', es decir, que no realicen devoluciones en caliente.

Precisamente la víspera de esta votación, los 27 sentaron las bases para que se pueda destinar financiación europea a estos centros, si sale adelante la arquitectura para el presupuesto plurianual 2028-2034 en la forma en que los ministros de Asuntos Europeos pactaron el martes en una reunión en Bruselas.

En esa reunión, los Veintisiete acordaron, con el rechazo de España, poder recurrir al fondo para la acción exterior de la UE 'Global Europe' para financiar "soluciones innovadoras" para combair la migración irregular, que es la formulación en la que Bruselas encuadró en su día la posibilidad de externalizar estos centros.

PLAZOS MÁS LARGOS DE DETENCIÓN

El nuevo marco europeo para los retornos aumenta también el plazo máximo durante el que puede estar detenido un migrante en situación irregular mientras se resuelve su expediente, ya que el reglamento permitirá hasta 24 meses de detención con una posible prórroga de 6 meses más si la persona a la que se deniega el asilo no coopera para agilizar su deportación o las autoridades ven riesgo de fuga.

Estos plazos se podrán aplicar incluso a menores no acompañados y a familias con niños pequeños, ya que aunque se apunta que debe ser una medida de "último recurso" y aplicada por el periodo más corto posible teniendo en cuenta el interés superior del menor, la legislación no establece límites por debajo de los 24 meses generales.

El presidente de la comisiónde Justicia e Interior, el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, ha celebrado la adopción del acuerdo porque, sostiene, "sin retornos eficaces no existe una política migratoria creíble y sin control de la inmigración irregular no puede haber confianza de los ciudadanos en las instituciones".

Del otro lado, el eurodiputado del PSOE y exministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ha criticado al Partid Popular por votar junto a los grupos de ultraderecha de los Patriotas --en el que se integra Vox-- y ECR para sacar adelante este nuevo marco migratorio. "Este reglamento ignora Derechos Fundamentales como la dignidad humana, la libertad, el derecho de asilo y la tutela judicial efectiva, además de plantear serias dudas de compatibilidad con el Derecho internacional".

"No es digno", ha criticado, por su parte, la eurodiputada del PNV, Oihane Agirregoitia, quien ha informado de su voto en contra por considerar que el reglamento cruza "algunas líneas rojas". "Necesitamos una migración ordenada, regular y segura, mucho más vinculada a la inserción laboral y con derechos y obligaciones, pero que sea digna y humana. Y, el acuerdo alcanzado entre el Consejo y el Parlamento Europeo y sometido hoy a votación, no es digno", ha concluido.

El acuerdo ha sido duramente criticado también por organizaciones como el Comité Internacional de Rescate (IRC), que ha alertado de que el resultado será "una legislación plagada de peligrosos vacíos" que dejará a los migrantes desprotegidos.

En este sentido, la eurodiputada que negoció por Los Verdes, Mélissa Camara, ha tachado de "error histórico" la adopción de las nuevas reglas, que ha tachado de xenófobas y ha confiado en que sea denunciado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por violar Derechos Fundamentales.