MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
El PP ha presentado dos enmiendas a la reforma de la Ley de Tráfico, que actualmente se está tramitando en el Senado, con el objetivo de introducir una disposición adicional a la norma para evitar que los conductores extranjeros continúen eludiendo el pago de multas de tráfico, como ocurre ahora en aquellas ocasiones en que no son parados por un agente de tráfico.
El objetivo de estrechar el cerco sobre los conductores extranjeros ha sido largamente perseguido por la Dirección General de Tráfico (DGT) después de que en 2011 se aprobase una directiva europea precisamente para mejorar la comunicación entre los estados europeos de cara a evitar la impunidad con la que algunos extranjeros cometen infracciones de tráfico, sin que se les pueda identificar o notificar la sanción.
En un principio, la intención de la DGT era cambiar el Reglamento General de Vehículos mediante un Real Decreto para conseguirlo, pero el Consejo de Estado ha decidido que la norma tiene que tener rango de ley, por lo que, aprovechando el paso de la reforma de la Ley de Tráfico por el Senado, el PP ha presentado una enmienda para mejorar el cobro de multas a conductores extranjeros.
De incluirse la enmienda presentada al texto por el PP, la DGT podría solicitar a sus organismos homólogos información sobre conductores para poderles remitir a sus países las multas, del mismo modo que los países de la Unión Europea podrán hacer con los conductores españoles que cometan infracciones en sus territorios.
Este intercambio de información excluirá a las sanciones por mal aparcamiento, mientras que sí afectará a los excesos de velocidad, las alcoholemia, la conducción bajo los efectos de drogas, el no uso del cinturón o el casco, saltarse un semáforo en rojo o un stop, o la utilización del teléfono móvil. Tampoco se incluye en este proceso de intercambio de información Reino Unido, Irlanda y Dinamarca.
El problema de los conductores extranjeros no es un asunto menor. Durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados en 2012, la directora de Tráfico, María Seguí, hizo referencia a este problema: "Hay que actuar para corregir esta situación, puesto que en algunas de nuestras provincias casi la mitad de los vehículos captados por nuestros radares son de matrícula extranjera".
En este sentido, reconoció que los conductores extranjeros gozan de cierta "impunidad, tanto cuando circulan en sus propios vehículos con matrícula extranjera como cuando alquilan vehículos en territorio nacional" y adelantó que su departamento estaba buscando un sistema de colaboración público-privada para gestionar las infracciones que cometen estos conductores. Con la nueva reforma está impunidad podría acabar.
UN VETO Y 252 ENMIENDAS
En total, los grupos han presentado en el Senado una propuesta de veto a la reforma de la Ley de Tráfico y 252 enmiendas parciales a la misma. De ellas, el PP ha presentado 27 enmiendas; el PSOE, 36; CiU, 24; PNV, 16; el Grupo Mixto, 84 y Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEP), 65.
Además, de la enmienda enfocada a los conductores extranjeros, el PP ha presentado otro conjunto de enmiendas destinado a mejorar el control sobre los cursos para recuperar puntos del carné y añade que la recuperación parcial de puntos exigirá la realización de una prueba que acredite la superación con aprovechamiento del curso. Con ello se pretende asegurar un nivel adecuado de calidad que garantice los fines previstos para los cursos, según justifica en sus enmiendas el Partido Popular.
Por otro lado, el PP ha presentado una enmienda para "subsanar el error" cometido en el Congreso, que al introducir una enmienda para limitar la nueva multa de 1.000 euros propuesta por el Gobierno a aquellos casos en los que se supere la tasa de alcohol permitida o de reinicidencia, se suprimió la multa a los conductores que conduzcan con presencia de drogas. El PP reconoce el error y plantea ahora una enmienda en el Senado para que esa infracción se multe también con 1.000 euros, tal y como propuso el Ejecutivo.
Desde la oposición, IU ha presentado una propuesta de veto al entender que el proyecto de reforma "carece de estudios, informes, antecedentes, memoria de impacto económico y ambiental". "Ni siquiera existen previsiones en la mejora de la movilidad y la seguridad vial de las modificaciones propuestas o referencias normativas de países europeos con los indicadores más positivos en la siniestralidad y victimización", señala en su propuesta de veto.
Asimismo, IU alude directamente al tema del casco obligatorio para ciclistas, uno de los aspectos más polémicos de la norma, y señala que "la bicicleta sigue apareciendo en la Ley como un obstáculo". Por todo ello, considera la reforma "parcial, sesgada y un parche más" y pide su devolución al Gobierno.
EL PSOE, EN CONTRA DE OBLIGAR A USAR CASCO EN CIUDAD
Por su parte, el PSOE ha propuesto que se elimine del texto la obligación de llevar casco a los ciclistas menores de 16 años en ciudad, tal y como se aprobó en el Congreso tras un acuerdo de PP y CiU. Según el PSOE, "desde el punto de vista de la seguridad no hay argumentos científicos que avalen la obligatoriedad del uso del casco para los ciclistas en el entorno urbano".
Asimismo, ha presentado otra enmienda para tratar de limitar otra de las novedades introducidas en el proyecto: el que los peatones también tengan que someterse a pruebas de alcohol y drogas cuando cometan una infracción. Para el PSOE, "no está justificado obligar a los peatones a someterse a las pruebas para la detección de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo", salvo cuando se hallen implicados en un accidente o cuando hayan cometido una infracción "siempre que con su actuación hayan generado una situación objetiva de riesgo para la circulación".
Por otro lado, CiU y PNV han presentado sendas enmiendas para obligar a las empresas a someter a los conductores profesionales de transporte de viajeros a controles obligatorios para la detección de ingesta de drogas o alcohol.
Asimismo, CiU también propone que se obligue a usar casco en ciudad a los ciclistas que pertenezcan a un colectivo que haga "uso de la bicicleta durante su jornada laboral por ser ésta su vehículo de trabajo". Además, el grupo ha propuesto que los titulares de un permiso o licencia de conducción que realicen un curso reglamentariamente homologado de conducción segura, o de conducción eficiente y ecológica, reciban "como bonificación dos puntos, por una sola vez".
