Actualizado 11/02/2015 12:14 CET

PSOE, CIU, Entesa y Grupo Mixto piden en el Senado eliminar la legalización de las devoluciones en caliente

El PP matiza la disposición para explicitar que estas devoluciones se realizarán con las debidas garantías de respeto a los derechos humanos

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE, CiU, Entesa y Grupo Mixto han pedido en el Senado la supresión de la disposición adicional introducida en el Congreso en la Ley de Seguridad Ciudadana para legalizar, vía ley de Extranjería, la devolución sobre la marcha a Marruecos de los migrantes interceptados en el salto de las vallas de Ceuta y Melilla. Así consta en las enmiendas parciales presentadas al texto por estas formaciones en la Cámara Alta.

En el caso del PSOE, que ha mostrado su oposición a la integridad del proyecto, se pide la supresión por considerar que esta previsión "supone, en la práctica, la derogación de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria".

En la justificación de su enmienda, explican además que "entra en conflicto con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y con el Convenio para la protección de los derechos y de las libertades fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950".

CONTRARIO AL ACUERDO CON MARRUECOS

"Es contraria al Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, firmado en Madrid el 13 de febrero de 1992 y es también contraria a la vigente Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social", explican los socialistas.

CiU se extiende más en la justificación de su enmienda y cita tanto la doctrina constitucional y la Ley de Extranjería como la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando dice que los Estados deben ejercer su derecho q controlar las fronteras "de conformidad con las obligaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)" sin que la presión migratoria les exima de esta obligación.

Asimismo, argumentan que "por más que se quiera negar, las personas extranjeras a quienes se 'rechace en frontera', deportaciones ilegales, están bajo jurisdicción del Estado español" y cuando esto ocurre, tiene la "obligación" de garantizar todos los derechos y libertades a los sujetos de esa jurisdicción que está ejerciendo.

EXPULSIONES COLECTIVAS PROHIBIDAS

Para CiU, es un hecho que "la Guardia Civil está llevando a cabo actuaciones que encajan perfectamente en el concepto de Expulsiones Colectivas" prohibidas en el Convenio Europeo y "no es posible que España se excuse alegando la aplicación de un acuerdo bilateral con Marruecos". "La deportación de personas extranjeras puede suponer la vulneración del artículo 3 CEDH, referido a la prohibición de que las personas puedan verse sometidas a tratos inhumanos o degradantes, tanto en el país desde el que han entrado de forma irregular como en el país de origen", dice el grupo catalán.

Por su parte, desde el Grupo Mixto se alega la conculcación, además de estos principios, de la propia ley de Extranjería y de las directivas europeas al respecto para pedir la supresión, argumentario similar al esgrimido por Entesa.

"La Ley Orgánica de Extranjería ya cuenta con procedimientos legales para el caso de entradas irregulares en España por puestos no habilitados. Dichos procedimientos legales conllevan, a su vez, una serie de garantías como son la asistencia letrada y el derecho a intérprete. Además, existe la posibilidad de solicitar protección internacional, identificar potenciales víctimas de trata y otros perfiles vulnerables", señala su justificación.

Para los senadores de IU, "se pone en riesgo la protección internacional lo que vulnera la Convención de Ginebra de 1951 y el art. 18 e la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE", así como el art. 6 de la Directiva 2013/32/UE obliga a los Estados Miembros a garantizar el acceso a protección no solo en el territorio sino también en las fronteras y aguas territoriales.

Este sentir lo resume ERC en su enmienda de supresión: "Nuestro grupo se opone a la legalización de las devoluciones "en caliente" en las fronteras de Ceuta y Melilla por ser contrarias a los Derechos Humanos y a la legalidad internacional".

EL PP TAMBIÉN ENMIENDA EL TEXTO

Por su parte, el Grupo Popular en el Senado también ha introducido una enmienda al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que matiza la legalización de las devoluciones en caliente para recoger en la Ley de Extranjería que esta práctica, "en todo caso, se realizará respetando la normativa internacional de Derechos Humanos y de protección internacional de la que España es parte".

La enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, complementa el texto introducido en el Congreso en forma de disposición adicional décima a la Ley de Extranjería, según el cual, "los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera, podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España".

El nuevo texto establece a continuación de este artículo un nuevo punto con la salvedad de que "en todo caso, el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte".

Asimismo, recoge la previsión de que "las solicitudes de protección internacional se formalizarán en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos y se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa en materia de protección internacional".

Por último, añade un párrafo para fijar que "el Ministerio del Interior aprobará un protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los perímetros fronterizos".

Los 'populares' argumentan que se pretende "hacer explícita la garantía del respeto a la normativa internacional en materia de derechos humanos y, específicamente, de la reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, explicitando que, no obstante el rechazo de quienes intenten la entrada ilegal en España, podrán éstos solicitar, en su caso, el reconocimiento de la condición de refugiado o la protección subsidiaria en los lugares habilitados al efecto en los puestos fronterizos".

"Por otra parte, se encomienda al Ministerio del Interior la aprobación de un protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los perímetros fronterizos, a fin de ofrecer a los miembros de dichos cuerpos y fuerzas unas normas ciertas y claras a las que sujetar su actuación", dice la justificación de la enmienda.

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