MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -
La secretaria de Bienestar Social del PSOE, Luisa Carcedo, ha anunciado este martes que el partido liderado por Pedro Sánchez abrirá una ronda de contactos y conversaciones a nivel nacional y territorial para presentar y explicar su propuesta sobre el Ingreso Mínimo Vital a las organizaciones profesionales, sindicales y ciudadanas.
El Consejo Federal de Bienestar Social se ha reunido este martes en Ferraz para estudiar la propuesta un Ingreso Mínimo Vital con los consejeros y consejeras socialistas de Política Social de los Gobiernos autonómicos, los secretarios regionales de Bienestar Social y los portavoces autonómicos en esta materia. También han participado Antonio Pradas, secretario de Política Federal, Patxi López, de Acción Política y Ciudadanía, y la asesora de Bienestar Social del grupo de expertos del PSOE, Magdalena Valerio.
Para la dirigente socialista, el Ingreso Mínimo Vital "forma parte de una propuesta de redefinición del funcionamiento del Estado en clave federal, en la que las responsabilidades sobre diferentes ámbitos de políticas públicas será más clara y transparente, facilitando así la comprensión por parte de los ciudadanos de las competencias asumidas por cada nivel de gobierno".
Por otro lado, el Consejo Federal de Bienestar Social ha fijado la recuperación y defensa del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia como una de las principales líneas de acción para los próximos meses, en los que exigirá al Gobierno que cumpla sus obligaciones con los dependientes.
"Reclamaremos al Gobierno que incorpore a los dependientes moderados que llevan dos años esperando por los retrasos en el cumplimiento del calendario previsto en la ley; exigiremos al Ejecutivo la recuperación del nivel acordado, así como el incremento de las cuantías de los cuidadores familiares y la vuelta al convenio especial para cuidadores no profesionales", ha manifestado Carcedo.
Por su parte, los consejeros y consejeras socialistas responsables de las políticas sociales en las Comunidades Autónomas han reiterado su compromiso para garantizar los servicios y prestaciones sociales de ciudadanía a los 8,5 millones de usuarios y usuarias del sistema en las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos gobernadas por los socialistas.
