Actualizado 26/06/2014 18:56 CET

El TC falla que el Gobierno "vulneró" en 2009 las competencias de la Xunta con las ayudas a integración de inmigrantes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional ha estimado el conflicto interpuesto por la Xunta contra la resolución de la Dirección General de Integración del 16 de julio de 2009, por la cual se convocaron la concesión de subvenciones a municipios, mancomunidades de municipios y comarcas para el desarrollo de programas innovadores a favor de la integración de inmigrantes. En su fallo, el alto tribunal considera que la resolución del Gobierno "vulnera las competencias" de la Xunta.

El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo formuló en octubre de 2009 un conflicto competencial, el cuarto en seis meses, contra el Ejecutivo entonces dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero. En esa ocasión era por entender que el Estado invadía las atribuciones de la Comunidad gallega con la orden que convoca subvenciones para programas que favorezcan la integración de inmigrantes.

Al respecto, argumentó que la convocatoria del Estado para subvenciones dirigidas a municipios, mancomunidades y comarcas para programas de integración de inmigrantes entra en materia de asistencia social, una competencia exclusiva de la Comunidad.

Este argumento fue estimado por el tribunal en su fallo, en el que, precisamente, encuadra estas ayutas en "materia de asistencia social"

Así, sostuvo que la resolución sería inconstitucional en su conjunto por "obviar totalmente" la actuación de la Xunta y que subdiarimante, habría invasión de competencias en varios artículos y anexos de la norma.

"EVITAR PERSISTIR EN SITUACIONES ANÓMALAS"

Aunque procede declarar que la resolución "inconstitucional en su totalidad", la misma "ya ha agotado sus efectos y se podría afectar a situaciones jurídicas consolidadas", por lo que la pretensión de la Xunta "ha de estimarse satisfecha mediante la declaración de titularidad de competencia".

Con todo, el Tribunal Constitucional recuerda que se debe "evitar la persistencia de situaciones anómalas en las que sigan siendo ejercitadas por el Estado competencias que no le corresponden".