Víctimas de abusos en la Iglesia celebran el protocolo de reparación aunque la mayoría recela de la ausencia de baremos

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Víctimas de abusos sexuales en la Iglesia han celebrado la firma del protocolo entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y el Defensor del Pueblo, suscrito este lunes para poner en marcha la reparación a las víctimas de abusos en el ámbito eclesial, aunque la mayoría de las víctimas consultadas recelan sobre la ausencia de baremos de indemnización.

Así, el primer denunciante del caso de abusos en la Abadía de Montserrat, Miguel Hurtado, ha destacado, en declaraciones a Europa Press, que es "positivo" que haya "un mecanismo de reparación gestionado por el Estado y financiado por la Iglesia" aunque no ve comprensible que no se fije "un baremo objetivo" para las indemnizaciones.

"No es comprensible que no se haya acordado un baremo objetivo que establezca qué criterios se van a tener en cuenta para fijar la indemnización y cuál es la horquilla de cantidades que se van a pagar en función de la gravedad del daño. Sin baremo, el proceso de reparación va a ser poco garantista y transparente para las víctimas", ha criticado Hurtado.

A su juicio, el objetivo de no incluir esta horquilla es "reducir la factura de la pederastia clerical para la jerarquía católica" y, frente a esta decisión, ha indicado que hubiera sido mejor "un baremo ambicioso como el irlandés" que habría "garantizado una reparación integral de las víctimas con un coste económico importante para los obispos".

Además, considera que "otro punto negativo" es "que las víctimas solo tendrán un año para pedir la indemnización" pues, a su parecer, "es un tiempo claramente insuficiente".

Mientras, el portavoz de la Asociación Nacional de Infancia Robada (ANIR), Juan Cuatrecasas, ha tachado de "hito" la firma de este protocolo aunque ha lamentado que "llega tarde".

En este sentido, ha criticado que la firma se ha prolongado "debido a las reticencias absolutamente absurdas de la Iglesia católica". "Una vez más y pese a ser una institución que estaba encubriendo delitos de pederastia, como ya ha quedado demostrado durante décadas, y en España también, se permite el lujo de hablar de obligaciones morales y de toda esa liturgia barata", ha denunciado.

CONFIANZA PLENA EN EL DEFENSOR DEL PUEBLO

Además, ha destacado que confían "plenamente" en el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que, a su juicio, "va a hacer una impecable gestión", y ha puesto en valor el trabajo del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que "ha estado al pie del cañón negociando con la Iglesia".

Sobre el hecho de que no se incluyan baremos de indemnización, Cuatrecasas ha señalado que les parece "en parte una falta de transparencia" y sugiere que pueda haber sido "un tema forzado por la Iglesia para llegar a un acuerdo". En cualquier caso, se ha mostrado convencido de que "baremos tiene que haber" porque "indemnizar a alguien solo en base a criterios no tiene ninguna lógica".

Por su parte, el portavoz de la Asociación de Víctimas de Pederastia en Instituciones Religiosas de Navarra, Mikel Eziolatza, ha destacado que viven este momento "con mucha esperanza" pero también "con cautela" a la espera de ver los resultados.

"La música suena bien en el sentido de que nos da mucha más confianza que participe el Defensor del Pueblo, la otra (la del Plan PRIVA) nos parecía una comisión de parte", ha valorado en declaraciones a Europa Press.

Si bien, desde la asociación ven "con un poco de recelo" el hecho de que no haya unos baremos, esperan que haya "más objetividad que con el PRIVA" y les da "miedo que pueda haber agravio comparativo de víctimas de casos similares". En todo caso, ha insistido en que confían en el Defensor del Pueblo.

"LAS VÍCTIMAS NO ESTAMOS BUSCANDO EL DINERO"

Además, ha puesto en valor la intervención de Gabilondo en la rueda de prensa de este lunes porque "ha hablado de la reparación integral", no solo de la económica. "Las víctimas no estamos buscando el dinero, porque parece que detrás de esto solo hay dinero", ha advertido, al tiempo que ha recordado que tienen "muchas más necesidades como el tratamiento psicológico".

Asimismo, reivindican que se contemple "una incapacidad" para las víctimas de abusos en la Iglesia porque "muchas" de ellas tienen "dificultades para asistir a sus trabajos".

Finalmente, ha celebrado que las víctimas que acudieron al Plan PRIVA y fueron reparadas, puedan acudir ahora a este sistema mixto para obtener una segunda revisión de su caso porque "no puede haber diferentes varas de medir, que solo generaría victimas de primera y segunda".

También ha hecho una valoración "positiva" del acuerdo el fundador de l'Associación Mans Petites y padre de una de las víctimas que denunció el caso Maristas, Manuel Barbero, aunque ha apuntado que ahora habrá que ver "cómo se fiscaliza, cómo se evalúa y cómo se indemniza".

"Tenemos lo que hemos conseguido. Podría haber sido otra cosa, pero bueno, es lo que hemos conseguido y no es cosa menor. Que la Iglesia acceda a que arranque esa comisión, es algo bastante importante y hay que celebrarlo. Luego hay que ver cómo trabaja esa comisión", ha apuntado.

"NI MÍNIMOS NI MÁXIMOS" DE INDEMNIZACIÓN

Además, ha indicado que le parece "razonable que no haya baremos" para las indemnizaciones ya que considera que no se pueden "poner ni mínimos ni máximos porque no todas las personas han sufrido el mismo abuso con la misma continuidad". A su juicio, hay que evaluar "en profundidad cada uno de los casos".

"Lo que hay que esperar es que la Iglesia sea generosa, igual que lo han sido las víctimas y las entidades, dándole esta oportunidad a la Iglesia de poder cerrar una herida y tiene que ser generosa en tanto en cuanto al tema económico y en tanto en cuanto a reconocer el horror que han sufrido sus víctimas", ha subrayado.

Por otro lado, desde Justice Initiative España (ONG apoyada por la Fundación Guido Fluri), ANIR, AVA (Asociación de víctimas de Navarra) y LULACRIS (Asociación contra los abusos sexuales en la infancia) han manifestado su "firme respaldo y satisfacción" ante la firma del protocolo y han destacado tanto el "liderazgo de las víctimas" ya que el sistema permite que elijan entre el mecanismo mixto o el sistema previo (PRIVA), como "el arbitraje del Defensor del Pueblo", asegurando "la imparcialidad".

"Este protocolo se alinea con el modelo suizo, referente europeo en la reparación de injusticias históricas contra menores. La creación de la Comisión Mixta, con representación de las asociaciones de víctimas, es un paso decisivo hacia la transparencia y la escucha activa", han expresado en un comunicado.