HUESCA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
Francisco Javier Puyó, el principal acusado del secuestro y asesinato de María Pilar Blasco Gracia, una empresaria de Sabiñánigo, hechos ocurridos en junio de 2008, pidió a un hombre con el que había estado en prisión que le ayudara a preparar una coartada.
Según el testigo, Puyó le contó los hechos y aseguró que él no había cometido el asesinato, sino que estaba todo organizado para inculparle. Ha dicho que le ofreció hasta 6.000 euros por ayudarle a preparar la coartada, algo a lo que se negó y de lo que informó a la policía, en aras de "colaborar con la justicia".
La defensa ha intentado desmentir este declaración aportando, por ejemplo, un informe policial que asegura que esta persona ofreció esa información a la policía a cambio de agilizar su libertad provisional. La letrada de la defensa ha apuntado que el testigo elaboró su declaración con la información obtenida en los medios de comunicación.
Este martes, en la segunda sesión del juicio, han prestado declaración 23 testigos, la mayoría vecinos del pueblo, propuestos por la acusación particular.
También figuran como imputados Gabriel Claudiu Trebea y Ciprian Ion Cetateam, este último declarado en rebeldía.
Así, el tribunal ha podido escuchar a los que encontraron los zapatos y el cuerpo de María Pilar Blasco en el Canal de Jabarrella. También la persona que asegura haber visto la tarde del día de autos, minutos antes de las 17.30 horas, un coche todoterreno en las inmediaciones del canal del que se bajaron, según ha afirmado, al menos dos personas.
Fuera de la sala de vistas y en declaraciones a los medios de comunicación, la abogada de la defensa, Carmen Sánchez, ha insistido en que con lo escuchado hasta el momento "nada está claro". Asimismo ha asegurado que "la acusación debe tener pruebas y no las tiene, tan solo indicios y muy leves. Son ellos quienes tienen que desvirtuar la presunción de inocencia, no yo".
Por su parte, el letrado de la acusación particular, ejercida por la familia de la víctima, Enrique Trebollé, ha señalado que "hay pruebas testificales importantes que quedarán culminadas con la prueba pericial. Los llamados CSI del Estado español podrán demostrar que existe una prueba indirecta que converge a una prueba totalmente incriminatoria sobre las personas que estamos acusando en este momento".
Manuel Arcas, abogado de Gabriel Claudiu Trebea, imputado como presunto cómplice, ha incidido en que hay dos historias muy distintas, la del señor Puyó y la de su representado.
"El señor Puyó tiene pruebas que lo sitúan en el sitio y ha declarado sobre la forma de producirse los hechos. Mi defendido tiene la declaración de Puyó intentando evadirse y conseguir una culpabilidad dispersa entre varias personas para poder librarse él. Por ese camino no creo que vaya a conseguir nada", ha opinado Arcas.
El 10 de junio de 2008, María Pilar Blasco, propietaria, junto a su marido de una empresa de materiales de construcción fue secuestrada. Tras ser golpeada, amordazada y retenida en un garaje, sus captores la arrojaron, no sin antes intentar estrangularla, a un canal. Su cadáver fue encontrado tres días más tarde.
40 AÑOS DE CÁRCEL
El fiscal y la acusación particular piden para Francisco Javier Puyó y Gabriel Claudiu Trebea, un total de 40 años de prisión; 5 años de prisión por un delito de robo con intimidación, 10 años por secuestro y 25 por asesinato, y una indemnización de 300.000 euros para la familia de la víctima. Por su parte, la defensa pide la libre absolución.
En la tercera jornada del juicio, mañana miércoles, prestarán declaración 25 guardias civiles. El jueves será el turno para 5 testigos solicitados por la Defensa y 22 peritos del Cuerpo de Criminalística de la Guardia Civil.
El juicio concluirá el viernes con más pruebas periciales, en concreto 9 peritos, entre los que habrá médicos forenses del Instituto de Medicina Legal y facultativos del Servicio de Química del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
