Viviendas Turísticas de Andalucía piden que "se ponga fin a la sobrecarga" de las duplicidades administrativas

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro) ha solicitado una mayor coordinación entre administraciones para que las empresas y los profesionales del sector de las viviendas de uso turístico "no tengan que aportar reiteradamente la misma información en distintos trámites".

La asociación ha trasladado esta propuesta durante la jornada 'Tu voz en la Administración', celebrada en la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), en la que ha participado por invitación de la organización empresarial junto a representantes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y de ATA.

En representación de AVVAPro, su gerente, Ignacio Calandria, ha expuesto las cargas que supone para los gestores y titulares de viviendas turísticas atender distintas obligaciones informativas que requieren datos sobre los mismos inmuebles, estancias y periodos de actividad. La asociación ha defendido que simplificar estas gestiones permitiría dedicar menos horas a repetir trámites y más tiempo a atender a los clientes y gestionar la actividad.

"AVVAPro no pide menos control. Pide un control jurídicamente seguro, técnicamente inteligente y basado en la reutilización de la información que la Administración ya posee", ha señalado la asociación.

Así, la intervención de AVVAPro ha puesto el foco en las duplicidades que se producen entre el registro de viajeros, las obligaciones fiscales vinculadas a DAC7 y la ventanilla única de Vivienda.

Frente a esta situación, la asociación propone avanzar en la interoperabilidad, es decir, en la capacidad de los sistemas de las distintas administraciones para intercambiar y aprovechar la información disponible.

El objetivo es que, cuando sea posible, los organismos públicos reutilicen los datos que ya tienen, en lugar de exigir que empresas y profesionales vuelvan a introducirlos y comprobarlos en cada trámite. Para los profesionales, esta mejora supondría reducir el tiempo de gestión y los errores derivados de aportar varias veces la misma información.

"Los datos deben viajar entre administraciones, no ser presentados una y otra vez por el ciudadano", ha resumido AVVAPro, que también incide en el dinamismo administrativo que favorecería a la administración pública.

La asociación plantea esta demanda como un problema que trasciende al alojamiento turístico y afecta al conjunto del tejido empresarial: "cada obligación de volver a facilitar información ya disponible representa tiempo que una empresa o un autónomo deja de dedicar a su actividad".

Durante el encuentro, AVVAPro también ha solicitado que se examine la proporcionalidad de la carga que supone obtener la autorización de la comunidad de propietarios para iniciar la actividad de vivienda de uso turístico.

La entidad considera necesario valorar el impacto práctico de este requisito sobre quienes desean comenzar su actividad y estudiar si cabe aliviar la carga que representa, desde el respeto al marco normativo. Asimismo, AVVAPro ha reclamado una aclaración del marco aplicable tras la anulación por el Tribunal Supremo del artículo 10 del Real Decreto 1312/2024, cuyo apartado cuatro sustentaba la obligación de presentar el modelo informativo anual de arrendamientos de corta duración.

La asociación ha advertido de la necesidad de despejar la incertidumbre que genera esta situación respecto a la Orden VAU/1560/2025, que aprobó el formulario y continúa formalmente publicada. Su petición se centra en que se aclare el alcance de las obligaciones y se depure la normativa, sin equiparar la anulación del artículo del real decreto con una anulación automática de dicha orden.

"La anulación de la norma habilitante exige una aclaración inmediata y una depuración normativa que elimine cualquier inseguridad jurídica", ha sostenido la entidad.

AVVAPro ha agradecido a CEA la oportunidad de trasladar estas propuestas directamente a los representantes de la Administración y ha reafirmado su apuesta por la colaboración público- privada para avanzar hacia una regulación proporcionada y eficiente, que garantice el cumplimiento normativo sin imponer cargas innecesarias a empresas y profesionales.