Pastor dice que corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad del cierre del espacio aéreo

Ana Pastor en el Desayuno de Europa Press
EUROPA PRESS
Actualizado: martes, 17 diciembre 2013 22:31

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha afirmado que corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad del cierre del espacio aéreo de diciembre de 2010, del que hoy se cumplen tres años y que afectó a cerca de 600.000 pasajeros, y ha señalado que su Departamento colabora con la justicia en todos sus requerimientos.

"Lo que hemos hecho, a lo largo de estos dos años, es trabajar para que los ciudadanos sufran menos demoras en puntualidad y menos incidentes", destacó Pastor durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press.

La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha solicitado en el Juzgado de Instrucción 3 bis de Madrid el archivo de la investigación sobre el supuesto abandono de sus puestos de trabajo durante el puente de la Constitución de 2010, lo que provocó, según defiende Aena, el cierre del espacio aéreo.

Por el momento, 19 juzgados de toda España han cerrado las diferentes causas abiertas contra los controladores y, actualmente, solo quedan pendientes de resolución las causas abiertas contra los controladores en Madrid, Baleares, Barcelona y Málaga.

Por su parte, la Audiencia Nacional rechazó en abril que AENA, dependiente del Ministerio de Fomento, tenga responsabilidad patrimonial por el caos y el cierre del espacio aéreo por considerar que fue "una situación absolutamente imprevisible, grave e insuperable".

DESCIENDEN UN 27% LAS DEMORAS EN CONTROL.

Pastor, quién abogó por el diálogo y el entendimiento y por aprender de las lecciones del pasado, destacó que solo en puntualidad la mejora en la red de aeropuertos ha sido de siete puntos porcentuales.

En esta línea, destacó que las demoras en Navegación Aérea han descendido un 27% y que los incidentes en aeropuertos han descendido en un 70%.

Asimismo, indicó que se han realizado 32.000 inspecciones preventivas en aeropuertos, velando por los derechos de los ciudadanos, con un total de 686 sanciones y una recaudación de 11 millones de euros en temas menores.

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