Los 27 discuten una posición que evita mencionar el Sáhara en negociaciones de pesca con Rabat

Actualizado 25/01/2012 19:52:45 CET

BRUSELAS, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los países de la Unión Europea discuten una fórmula para negociar un nuevo acuerdo de pesca con Marruecos que evite referencias expresas al Sáhara occidental para facilitar las conversaciones con Rabat, después de que Francia y España expresaran reservas a apoyar un mandato que mencionara a la ex colonia española, según han informado fuentes europeas.

Expertos de los Veintisiete tratan de acercar posturas y pactar un mandato con el que la comisaria de Pesca, Maria Damanaki, pueda negociar un nuevo régimen pesquero con Marruecos, porque la Eurocámara tumbó en diciembre el que estaba en vigor, por sus dudas sobre la explotación sostenible de los recursos y el respeto de los Derechos Humanos de la población saharaui.

Hace dos semanas, Damanaki planteó a los Estados miembros pedir a Marruecos "garantías de que cumple con las obligaciones del Derecho internacional que resultan de su administración 'de facto' del Sáhara occidental", pero el texto ha sido modificado ahora para atender las reservas de Francia y España y retirar la referencia a la ex colonia, han informado a Europa Press fuentes europeas.

La nueva propuesta pide garantías de que el nuevo protocolo "cumple plenamente el Derecho internacional y atiende a los intereses de todas las poblaciones locales implicadas" y apuesta en especial por pedir a Marruecos que cumpla plenamente sus "obligaciones dentro del marco de Naciones Unidas en lo que se refiere a la aplicación del acuerdo de pesca", según las mismas fuentes.

Con esta alternativa que incluye el marco de Naciones Unidas se salvarían las reticencias que otros países tradicionalmente en contra de acuerdos con Marruecos, como Reino Unido y Países Bajos, tienen a retirar el nombre del Sáhara occidental de la mesa de negociaciones con Rabat.

También se espera del reino alauí que informe periódicamente sobre el impacto "económico y social" del apoyo sectorial que ofrecería el pacto pesquero.

La discusión se elevará la próxima semana a nivel de embajadores de los 27 ante la Unión Europea por la falta de consenso en la reunión de los expertos este miércoles, en la que se han logrado "pequeños progresos".

La presidencia de turno de la Unión Europea, que este semestre ocupa Dinamarca, país tradicionalmente en el bando de Reino Unido y Países Bajos en este asunto, ha augurado que las negociaciones para un nuevo acuerdo llevará "mucho tiempo", en palabras de su ministra de Pesca, Mette Gjerskov, en una comparecencia este miércoles ante la comisión de Pesca del Parlamento Europeo.

RESPETO DE DDHH Y PESCA SOSTENIBLE Y RENTABLE

La cuestión del Sáhara occidental, cuya población denuncia la sobreexplotación de sus recursos y reclama que sean excluidos de cualquier acuerdo con Marruecos, es el punto más polémico en las relaciones pesqueras de la Unión Europea con el país magrebí. Pero no ha sido el único escollo, ya que los eurodiputados esgrimieron también dudas respecto a la rentabilidad económica del convenio pesquero y reclamaron garantías de pesca sostenible.

Con el compromiso de atender la petición de la Eurocámara, Damanaki ha trabajado en una propuesta que se asienta sobre tres ejes: medioambiental, económico y legal. Es una propuesta modificada porque inicialmente la comisaria intentó, sin éxito, negociar dejando fuera las aguas saharauis.

Finalmente, Bruselas apuesta por un nuevo acuerdo para pescar únicamente el "excedente" que quede acreditado por informes científicos en los caladeros gestionados por Rabat, lo que implicaría revisar el número de barcos, el tipo de artes y las cuotas para la flota comunitaria.

También deja claro que la contrapartida económica por esta pesca debe ser revisada para ser "ajustada" a lo que realmente se captura y se incluirá una cláusula sobre Derechos Humanos y principios democráticos. Marruecos, además, deberá respetar el Derecho internacional e informar "con regularidad" del uso que da a los fondos europeos recibidos y de su impacto en las poblaciones locales.

España es el principal valedor del acuerdo con Marruecos por sus intereses para la flota española y porque considera al país magrebí un socio estratégico de la Unión Europea. El veto ha afectado a 64 barcos españoles, aunque la UE cuenta con más de un centenar de licencias -en su mayoría canarias y andaluzas-- para operar en el marco del acuerdo.

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