av2" class="NormalTextoNoticia" itemprop="articleBody">
Dicta sobreseimiento para el exgerente del Patronato de Turismo Francisco Iglesias y su esposa, entre otros
ALMERÍA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
El juez instructor del caso 'Facturas', por el que se investiga la gestión en el Patronato de Turismo de Almería entre los años 2009 y 2010 y la presunta malversación de unos 450.000 euros mediante facturas "ficticias", ha ordenado el procesamiento de 21 personas, entre ellas el exvicepresidente de la Diputación, el socialista Luis Pérez.
El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, indica que hay "indicios racionales" para apreciar la existencia de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento público, tráfico de influencias y prevaricación, por lo que da traslado para que, si procede, la Fiscalía solicite la apertura de juicio oral y formule escrito de acusación.
La instrucción que da por conclusa sitúa en el centro de la supuesta trama a Pérez Montoya y a la exsecretaria delegada del Patronato de Turismo María Teresa González, así como a los dos responsables de la agencia de viajes Leitour y el empresario Joaquín Conde, a quienes atribuye "un plan" que se habría trazado en presencia del presidente del club Unicaja Voley, Ramón Sedeño, el tesorero del club, Guillermo Carmona, y el gerente, Antonio Jesús González.
Según este supuesto "plan", la agencia regentada por los imputados Francisco Javier Guerrero y Arístides Javier Martos "facturó y cobró sin justificación aparente alguna 281.083,82 euros" entre los años 2009 y 2011, de los que un total de "179.562 euros" se habrían "entregado por los administradores a Joaquín Conde".
Señala que esta práctica se habría iniciado tras "acordar" Pérez Montoya y "dar instrucciones" para que una deuda de 23.000 euros que Club Unicaja Voley había contraído con Leitour Viajes se abonase desde el Patronato y se habría fraguado en una reunión con presencia de Sedeño y de Conde.
Considera el juez que para su ejecución resultó "imprescindible" la colaboración de María Teresa González, quien, junto a Pérez Montoya y "a fin de dar apariencia de legalidad al pago", habría indicado a Guerrero y a Martos "que debían presentar en dicho organismo facturas por conceptos no reales".
"Así lo hicieron y conforme a este plan, la secretaria fue posteriomente dando su conforme a las facturas que remitía la agencia, que no se limitaron a cubrir la deuda del club deportivo sino que arrojaron un montante muy superior. Es decir, que salvo error u omisión, Leitour facturó y cobró sin justificación aparente alguna 281.083,82 euros", según sostiene.
El magistrado Luis Durbán imputa al exvicepresidente de la Diputación, asimismo, el haber dado "conformidad, bien directamente o bien a través de la secretaria delegada" al pago de "numerosas" facturas emitidas por proveedores del Patronato de Turismo "a sabiendas que reflejaban conceptos correspondientes a bienes o servicios que no habían sido efectivamente prestados".
En concreto, señala como parte de esa presunta falsa facturación a las empresas de otros cuatro imputados en la causa --Viajes Bernardo SA, y Tecnología y Comunicaciones Móviles-- y a Publifiestas Conde, actualmente en concurso de acreedores. En el caso de María Teresa González, a la que reprocha el haber "dado a menudo instrucciones a los proveedores sobre los conceptos que debían hacer constar en las facturas", hace extensible la lista de empresas a Viajes Vertical, Viajes Viconos y Grupo JJ26, cuyos administradores también están encausados.
El auto recoge que González, "concertadamente" con Pérez Montoya, habría ingresado en una cuenta bancaria personal 20.000 euros para atender al pago de los gastos correspondientes a Fitur 2011, "incluyendo en el posterior expediente de justificación de gastos dos facturas expresamente creadas al efecto por importes de 2.506 y 2.875 euros".
También apunta el juez que para "facilitar sus propósitos delictivos y actuar con mayor impunidad", habría privado a la jefa de negociado de sus principales funciones y acceso al programa de contabilidad y habría ordenado "la destrucción de numerosos expedientes y documentos antes de que se procediera legalmente a su expurgo".
VIAJES
El exvicepresidente de la Diputación Provincial está imputado, asimismo, por los indicios que señalan que habría "disfrutado y habría permitido a otras personas que lo hicieran" de diversos viajes que fueron abonados "con cargo al Patronato de Turismo sin justificación alguna" y alude, entre ellos, a uno realizado a Edimburgo (Escocia), "en el que se llevó consigo no sólo a su esposa, sino también a un matrimonio amigo", quienes también está procesado.
Así, recoge que los cuatro se desplazaron a Edimburgo en julio de 2010 y a Berlín (Alemania) en 2011 mientras que con su esposa habría viajado además a México "sin abonar parte que le correspondía a ella y de la que se hizo cargo el Patronato por indicación de él".
Mismo comportamiento con cargo "al erario público" atribuye el auto presuntamente a María Teresa González, quien "en algunos casos lo hizo en compañía de su hija u otras personas allegadas" y en otras "dio conformidad al pago de facturas de viajes de terceros". También le achaca "numerosas facturas y tickets a título personal de hostelería, taxi, párkings, papelerías o peajes" e, incluso, "el disfrute de mobiliario aparentemente destinado al Patronato" y de "cuatro iPhones que recibió con facturas en las que se hacía constar la instalación de equipos telefónicos".
En el apartado de los viajes incluye el magistrado al exasesor del grupo socialista en la Diputación y funcionario del Ayuntamiento Juan Antonio Bisbal, quien habría realizado "numerosos desplazamientos y facilitó que familiares y allegados lo hicieran con cargo al Patronato y haciendo valer su relación con sus responsables. "En ocasiones --añade-- estos favores tuvieron por objeto la asistencia del imputado y otras personas a eventos del PSOE como también constan indicios de que pudo recibir terminales telefónicos".
El auto también se extiende al detallar las causas de procesamiento de Joaquín Conde, a quien apunta como la persona que "favoreció las conversaciones que culminarían en el pago por parte del Patronato de la deuda de Unicaja Voley con la agencia Leitour Viajes y a quien acusa de "recibir en efectivo parte de las sumas abonadas a la agencia", en concreto 179.562 euros.
El juez le atribuye un papel de "facilitador" y le imputa, además de emitir por su cuenta "numerosas" facturas con "conceptos falsos" al Patronato y "realizar viajes merced a sus relaciones con los responsables del mismo", que terceras personas como los integrantes de una peña futbolística "disfrutaran de servicios también con cargo al Patronato". Por este asunto también está imputado el militante socialista José Andrés Soler, alias 'Yubri'.
SOBRESEIMIENTOS
El Juzgado de Instrucción número 6 ha resuelto, no obstante, dictar el sobreseimiento provisional para el exgerente del ente Francisco Iglesias y su mujer ya que, en el caso del primero, "no hay indicios de que tuviera conocimiento de los hechos punibles". Remarca que la instrucción ha permitido "constatar" que comunicó al actual equipo de gobierno de la Diputación las presuntas irregularidades en la facturación "en cuanto tuvo noticia, siendo esto lo que a la postre desembocó en la denuncia dirigida a la Fiscalía Provincial".
Con respecto a Iglesias remarca, además, que la exsecretaria delegada del Patronato "a menudo le imputó gastos" y destaca en alusión a su esposa que "justificó el pago de la parte correspondiente en un viaje en el que ella lo acompañó".
Por último, resuelve el sobreseimiento para la hija de María Teresa González, de quien asegura que no consta que fuera "consciente de que viajaba con cargo al Patronato de Turismo ya que, además, en esa época era dependiente económicamente de sus padres".
