SEVILLA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido a trámite el recurso que la Federación Andaluza para la Defensa de la Igualdad Efectiva (Fadie) interpuso contra la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía por considerar que el nuevo decreto de escolarización contiene "gravísimas irregularidades" y constituye "una lesión flagrante de los derechos fundamentales inherentes al ejercicio de la patria potestad compartida por el que ambos progenitores deben decidir, de manera conjunta, el centro escolar donde serán matriculados sus hijos".
Según la diligencia de ordenación del TSJA, a la que ha tenido acceso Europa Press, el TSJA no solo admite el recurso sino que también lo "sustanciará con carácter preferente", por lo que ha requerido a la Consejería a que remita un expediente administrativo en un plazo máximo de cinco días.
Fadie ya expuso cuando presentó este recurso ante el Alto Tribunal andaluz que el decreto reconoce como familia monoparental a aquella en la que exista una orden de alejamiento de un progenitor respecto de otro, lo que considera un "despropósito" porque "la adopción de medidas cautelares no puede automatizarse desde la redacción de la ley, sino que son los jueces quienes deben estimar la oportunidad de imponerlas una vez analizados todos los elementos de prueba de que dispongan". "Una orden de alejamiento no constituye una garantía de culpabilidad, y por tanto, no puede suponer de forma automática la pérdida del ejercicio de los derechos y deberes parentales", señala la Federación.
También criticó que tanto los modelos de inscripción como de matrícula que figuran como anexos de la citada orden de admisión del alumnado "vulneran de manera infame el derecho fundamental derivado de la patria potestad, ya que en ellos se exige únicamente la firma de la persona que ejerce la guarda y custodia, en detrimento de los progenitores no custodios, que de modo general tienen la patria potestad compartida".
Asimismo, Fadie consideró que no se puede tolerar que la Junta de Andalucía "continúe actuando como juez y verdugo, atentando contra los derechos de los niños", por lo que exigió al consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, la "corrección urgente" de este decreto y la "inmediata retirada" de todos los centros educativos andaluces del modelo de preinscripción e inscripción del alumnado por vulnerar derechos constitucionales y contravenir el Código Civil y los Tratados Internacionales sobre Derechos de la Infancia que reconocen "el derecho de todo menor a que sus dos progenitores decidan de común acuerdo dónde van a cursar estudios".
