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MÁLAGA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Justicia e Interior va a eliminar 226.806 expedientes judiciales antiguos, carentes de valor, guardados en 6.716 cajas, con el objetivo de liberar espacios de los archivos de los juzgados de la provincia de Málaga, según ha informado el delegado del Gobierno, José Luis Ruiz Espejo.
La eliminación de los expedientes, que se llevará a cabo el mes próximo, se efectuará tras el acuerdo adoptado por la Junta y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para la destrucción selectiva de aquella documentación carente de valor de los órganos judiciales de la comunidad.
Estos expedientes se unen a los 201.051 que ya se destruyeron en una primera fase procedentes de juzgados de la capital y de Coín, con lo cual serán ya más de 427.000 los archivos judiciales que van a ser eliminados en esta provincia próximamente, según ha explicado Ruiz Espejo, a través de un comunicado.
Los documentos judiciales obsoletos que van a ser destruidos próximamente en esta provincia proceden de 15 juzgados de Instrucción de la capital malagueña, además de los juzgados números 1, 2 y 3 de Primera Instancia e Instrucción de Estepona y del juzgado número 9 de Instrucción de Torremolinos, según han apuntado.
La primera destrucción masiva de esta documentación judicial carente de valor se llevó a cabo en seis provincias andaluzas, entre ellas la de Málaga, y los expedientes eliminados correspondían a diligencias previas y juicios de faltas de las décadas de los años 70, 80 y 90. Ahora, este proyecto de eliminación de estos archivos se extiende a todas las provincias, tras el último acuerdo de la Junta de Expurgo.
Esta destrucción selectiva ha sido fruto del acuerdo de la Junta de Expurgo, un órgano creado por el Gobierno andaluz y el TSJA para ordenar y analizar la documentación susceptible de ser eliminada o conservada, garantizando siempre la confidencialidad de los archivos.
La Junta de Expurgo es un órgano colegiado de naturaleza administrativa presidida por una magistrada y que cuenta con el apoyo de un miembro de la carrera fiscal, un secretario judicial, el jefe de servicio de Documentación y Publicaciones de la Consejería de Justicia e Interior, un funcionario archivero y otro funcionario que hace las veces de secretario.
Este órgano determina la exclusión o eliminación de expedientes procesales o, en caso contrario, la transferencia de los mismos a la Administración competente en materia de patrimonio histórico, según han explicado desde la Delegación del Gobierno andaluz en Málaga.
CRITERIOS Y OBJETIVOS
Uno de los criterios principales en la selección de los documentos judiciales que se van a eliminar o archivar es su interés judicial e histórico, para lo que se cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte, que tiene un papel "relevante" en la aprobación de las correspondientes tablas de valoración.
De esta forma, se garantiza la conservación de la documentación con valores históricos o bien de aquélla que posea un relieve social, económico, político o cultural, han manifestado desde la Junta de Andalucía.
El TSJA ha valorado la destrucción de documentos judiciales y ha puesto de relieve la necesidad de seguir potenciando esta iniciativa del Gobierno andaluz. La Junta, por su parte, ha subrayado la labor realizada por los secretarios judiciales y los funcionarios de auxilio judicial que colaboran con los técnicos de archivo de la Consejería de Justicia e Interior.
El objetivo fundamental de esta iniciativa es liberar espacio en los archivos y tribunales, así como profundizar en el proyecto de modernización de la Junta "para potenciar la progresiva eliminación de documentación que no tiene ningún valor y avanzar en el camino hacia una Justicia digital sin papeles". De esta forma, se logra un ahorro de costes y de tiempo, y se contribuye a la protección del medio ambiente.
Este proyecto se encardina también en la definición de un modelo único de tratamiento y gestión documental, que haga posible el control y acceso a la documentación judicial desde su creación hasta su eliminación o conservación por interés judicial o histórico. En esta línea de trabajo se encuentra el proyecto JARA, implantado por la Junta en Sevilla, y que se ampliará al resto de Andalucía, para gestionar los archivos de documentación judicial.
