Anticorrupción investiga una trama con posibles ramificaciones en los ayuntamientos de Cádiz y Vera

Actualizado: lunes, 23 marzo 2009 21:27


MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción investiga desde el pasado mes de enero una presunta trama de corrupción por presuntos delitos de prevaricación y cohecho, que podría ampliarse a varios ayuntamientos de España, informaron a Europa Press fuentes del Ministerio Público. Al menos en estos dos territorios, la Fiscalía ya ha abierto diligencias previas a partir de una denuncia presentada en noviembre de 2008 por el sindicato Manos Limpias, que denunció las ilegalidades derivadas de la relación entre el Grupo Empresarial DICO y al menos ocho ayuntamientos entre los que figurarían los de Cádiz y Vera (Almería).

La acción de Manos Limpias parte de la información transmitida desde noviembre a este sindicato por parte de un ex alto directivo de Dico que desempeñó las funciones de Director Financiero de todo el Grupo y después pasó a ser el Director General de operaciones y estrategia de todo el Grupo de Empresas Holding Nacional e Internacional y las mercantiles dependientes de él. Este ex alto responsable del grupo formuló ante Notario varias actas de manifestaciones, que obran en poder de la Fiscalía.

Según los escritos de la Fiscalía a los que ha tenido acceso Europa Press, la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid cursó el pasado 10 de marzo una citación para que este ex alto cargo del grupo Dico preste declaración como testigo ante el fiscal al cargo del caso en Madrid Tomás Herranz.

Asimismo, la Fiscalía Provincial de Almería ya citó en otro escrito a esta persona el pasado 10 de marzo "al objeto de ratificar sus manifestaciones" contenidas en las actas notariales que realizó el ex alto directivo del Grupo Dico el 9 y el 14 de octubre de 2008 "sobre la compra y reclasificación de Terreno en la localidad de Vera (Almería)".

DISPUESTO A RATIFICARSE

El denunciante, para quien Manos Limpias ha solicitado la condición de testigo protegido, ha confirmado su disposición a ratificarse ante el Ministerio Público en todo lo manifestado en las citadas actas y aportar en caso de que sea necesario más actuaciones delictivas del grupo denunciado así como a relacionar las personas supuestamente involucradas, según el sindicato.

También mañana el secretario general del sindicato denunciante comparecerá en Madrid ante el Fiscal Herranz para ratificar sus acciones y detallar la procedencia de la información recogida en su denuncia, según precisaron fuentes del Ministerio Público, quienes añadieron que además prestará declaración una tercera persona, aunque no trascendió su identidad al encontrarse secretas las diligencias incoadas.

La denuncia, presentada el 14 de noviembre de 2008, va dirigida contra los responsables del citado grupo empresarial y los asesores Jurídicos y Fiscales de Dico, que además ejercían como asesores personales de los principales administradores.

La denuncia también va dirigida contra los responsables políticos de diversos Ayuntamientos presuntamente implicados. Según la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, las localidades afectadas habrían cometido delitos de cohecho, tráfico de influencia y prevaricación en colaboración con los responsables del Grupo Inmobiliario y Constructor Grupo Dico Empresarial, S.A.

BOADILLA DEL MONTE, MAJADAHONDA, LAS ROZAS...

En concreto, los ayuntamientos señalados en la denuncia son Valdemoro, Majadahonda, Las Rozas de Madrid y Boadilla del Monte, todos ellos de la Comunidad de Madrid; Ciudad Real y Toledo de Castilla-La Mancha; Cádiz y Vera (Almería), ambos en Andalucía. Sin embargo, otras fuentes consultadas añadieron que podrían haber más localidades afectadas en otras partes de la geografía española.

La denuncia detalla como los asesores han sido "pieza clave en el montaje del Holding, las Auditorias, para camuflar los artificios contables y el fraude y todo tipo de asesoramiento y contactos para cometer los delitos, y despistar a la Justicia".

El sindicato Manos Limpias considera estos hechos constitutivos de un delito de soborno a políticos y funcionarios, conocido como cohecho, "que habría sido una de las actuaciones constantes en el logro de sus finalidades, tales como recalificaciones de terrenos y pago de comisiones por diferentes favores, así como en el otorgamiento o concesión de parkings o licencias para implantación del mismo negocio".

También les atribuye Manos Limpias un delito de fraude a la Hacienda Pública al haber actuado con una doble contabilidad y el pago con "dinero B" con cantidades que "podrían oscilar entre los 20 y 30 millones de euros"; otro delito de apropiación indebida, otro de evasión de capitales a paraísos fiscales y otro delito de evasión de divisas. Las fuentes consultadas indicaron que la trama operaba también en el extranjero en países como Portugal y Venezuela así como paraísos fiscales.