MÁLAGA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Málaga revisará el próximo día 23 de este mes la situación de prisión provisional sin fianza en la que se encuentra el ex alcalde de la localidad malagueña de Estepona Antonio Barrientos, tras ser detenido en el marco de la operación 'Astapa' a finales del pasado mes de junio.
Así, según informaron fuentes de la defensa a Europa Press, la Sección Segunda tiene previsto celebrar el próximo miércoles una vista sobre el recurso presentado contra el auto de prisión que dictó respecto a Barrientos la jueza que investiga el caso contra la corrupción urbanística municipal, Isabel Conejo.
La defensa presentó un recurso de apelación directamente contra dicha decisión, al considerar que en el auto no se indicaban los argumentos por los que enviaba a prisión al ex regidor, al que se le imputan indiciariamente los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo.
Para justificar la prisión, la jueza apuntaba a la gravedad de las penas de los delitos que se le imputan, lo que "lleva a pensar que existe riesgo de fuga ante la posibilidad de que el imputado huya"; y también argumentaba que "podría llegar a interceder en declaraciones de otras personas implicadas en los hechos o testigos" por el "poder" de Barrientos, al tener "una gran influencia sobre el resto de miembros del Consistorio y empresario de relevancia" por su posición dentro del Ayuntamiento.
La instructora estima que Barrientos, como alcalde de la localidad, "resultaría el máximo responsable de una estructura" en el entorno del Ayuntamiento "orientada a obtener fondos de distintos promotores y empresarios" con el fin de "financiar actividades tanto públicas como privadas de los partidos políticos en coalición", así como para "enriquecerse personalmente".
Asimismo, señaló que una de las principales fuentes para obtener ingresos "era la infravaloración de los aprovechamientos urbanísticos, propiciando un notable incremento en la plusvalía en los promotores y empresarios a los que como contrapartida se les solicita el pago de cantidades de dinero".
Para la jueza, según añade en su resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, existen también indicios de que éste "ha permitido y realizado actividades de mediación en la contratación de numerosas personas por razones de titulación personal o afinidad política, sin seguir los cauces legalmente establecidos para ello"; así como que se realizó presuntamente contratación pública de obras y servicios "sin cumplir las exigencias legales y la concurrencia de interesados".
"Finalmente, el imputado supuestamente ha destinado fondos públicos a usos ajenos a la función pública, pudiendo haber obtenido beneficios propios por dicha conducta", añade el auto, en el que se indica también que podría haber cometido un presunto delito de blanqueo de capitales "mediante la ocultación del producto derivado de los hechos delictivos".
