Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 05/09/2008 19:08
El empresario murciano Tomás Olivo compareció hoy ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella (Málaga) como imputado por supuestas irregularidades urbanísticas en relación a un convenio que el Ayuntamiento marbellí firmó con General de Galerías Comerciales y, según fuentes de las defensas, manifestó que "todas las actuaciones eran legales y nunca se ha beneficiado del consistorio".
Por esta misma causa prestaron también declaración en calidad de imputados el ex secretario municipal, Leopoldo Barrantes y el interventor, Juan Antonio Castro. Según las fuentes, la declaración de Olivo por esta causa sería la tercera y vendría deducida por un testimonio de la operación 'Malaya', aunque precisaron que "no ha aportado nada nuevo y se ha mantenido en sus declaraciones anteriores".
Asimismo, expresaron que el empresario indicó que "todos los pagos que ha efectuado están legalizados, justificados y documentados, así como que su actuación ha sido siempre correcta".
El juzgado tiene abiertas varias diligencias previas en las que se investigan convenios suscritos entre el Ayuntamiento marbellí y que se iniciaron tras la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2006.
La Fiscalía especial basó su acusación en uno de los informes fiscalizadores del Tribunal de Cuentas respecto al Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades municipales, en el que se concluía que los convenios investigados contemplan todo tipo de operaciones como la permuta o la dación en pago.
Dicho informe cuestionaba la valoración hecha de los inmuebles enajenados, puesto que el Ayuntamiento prescindió de los funcionarios municipales con competencia para esto y "contrató, a través de la sociedad Planeamiento 2000, S.L., a tasadores externos", en concreto a dos, que fueron quienes realizaron todas las tasaciones contenidas en los expedientes de los convenios.
Por su parte, el ex secretario municipal mantuvo que "todas las actuaciones se hicieron siguiendo la ley vigente y las instrucciones que esta marca" según apuntaron las mismas fuentes. Asimismo, las defensas manifestaron que Barrantes dijo que "no discute lo que dice el Tribunal de Cuentas pero entiende que hay otra forma de hacerlo y es la que ha hecho siguiendo siempre instrucciones de la ley y es legitimo".
Finalmente, también compareció durante cerca de dos horas el interventor municipal, Juan Antonio Castro, que explicó que "de las cosas del Ayuntamiento se enteraba mucho más tarde de cuando acaecían", según trasladaron las fuentes.
En este sentido, apuntaron que Castro aseguró que "todos los pagos que ha hecho los efectuó conforme a los soportes contables que le habían entregado" y expresaron que dijo, que como ya estaba acreditado, en eso justifica los pagos que ha hecho aunque precisó que "son legales".