SEVILLA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento andaluz ha aprobado este jueves una proposición no de ley del PSOE-A por la que muestra su apoyo para que la Junta recurra ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la decisión del Gobierno de España de desviar a las comunidades autónomas la multa de 262,8 millones de euros que le impuso la Comisión Europea en relación con las ayudas en zonas de pastos.
Con los votos a favor de Podemos e IULV-CA, y la abstención de PP-A y Cs, la Cámara andaluza respalda la decisión de la Junta para exigir al Estado que asuma el abono de una sanción cuya responsabilidad es nacional y que se proceda a la suspensión cautelar de la ejecución del procedimiento hasta tanto se pronuncie la Sala del TSJA, en aras a preservar los derechos de los agricultores y ganaderos andaluces.
Y es que, como recoge el texto, el Gobierno andaluz no podría asumir dicha sanción sin que se viesen afectadas partidas tan sensibles y prioritarias como la educación, la sanidad o servicios sociales básicos.
Igualmente la Cámara andaluza se ha mostrado favorable a que el Ejecutivo andaluz acuerde con las otras comunidades afectadas la adopción de estas medidas de defensa de los derechos de los agricultores y ganaderos.
Como ha explicado el parlamentario del PSOE-A Miguel Castellanos. el acuerdo de trasladar su pago, adoptado por el Consejo de Ministros el pasado 17 de febrero, afecta a once regiones. En el caso de Andalucía, la Junta tendría que hacer frente a la devolución de 63,7 millones de euros.
Según el socialista, la sanción de Bruselas se debe a que el Gobierno traspasó a la normativa estatal, "de forma tardía e inadecuada", el coeficiente reductor que determina las superficies admisibles de pastos excluyendo terrenos no productivos como los formados por rocas o matorral denso.
Ha censurado que el Ejecutivo central "descarga en las comunidades la responsabilidad por este error, referido a las campañas entre 2009 y 2013, y pretende descontarles los importes en un plazo de dos meses si se niegan a asumirla". Para el PSOE-A, ello "podría comprometer el pago de las ayudas de la PAC, que en Andalucía suponen más de 1.400 millones de euros anuales y benefician a 300.000 agricultores, ganaderos y empresas agroalimentarias".
Por parte del PP-A, el diputado Jacinto Muñoz ha asegurado que el PSOE-A tiene intención de "confrontar" con esta iniciativa, en la que no figuran verdaderas soluciones ni se proponen medidas de defensa. Ha indicado que el Ejecutivo de Rajoy ha defendido y sigue defendiendo los intereses de los agricultores y ganaderos en la UE y que no está de acuerdo con la corrección financiera impuesta, que se basa en "premisas equivocadas" y no tiene en cuenta la singularidad del arbolado.
Muñoz ha afirmado que el Gobierno central lleva dos años negociando sobre la citada corrección financiera e incluso ha presentado una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de acuerdo con las comunidades autónomas. "Nadie puede decir que el Gobierno no ha actuado como debería", ha manifestado el diputado del PP-A, quien ha pedido no hacer "demagogia" con este tema.
Por Podemos, la diputada María García ha subrayado que aunque la decisión de la UE de imponer una sanción se publicó en el Boletín de la Unión Europea "en junio" del año pasado, ya "se sabía con anterioridad", y las pérdidas "han sido cuantiosas desde su aplicación". En esa línea, ha tildado de "bastante grave que nuestros ganaderos estén pagando las consecuencias" y ha advertido de la "preocupación" de su grupo por que esta sanción pudiera "afectar al abono futuro de la PAC".
En nombre de Cs, la diputada Marta Bosquet ha asegurado que tanto la administración central como la andaluza han "actuado mal" y deberían asumir responsabilidades, y ha planteado una enmienda 'in voce' para instar a la Junta a arbitrar medidas para que la corrección financiera no recaiga en los agricultores y éstos se vean perjudicados. "No podemos permitir que ante administraciones incumplidoras y la duda de quién es la responsable, se traspase la sanción a agricultores", ha añadido.
Por último, la diputada de IULV-CA Mari Carmen Pérez ha considerado que es "totalmente injusto que se haga recaer sobre las comunidades autónomas la mala gestión del PP", a la par que ha defendido que "el Gobierno de España debe asumir esa responsabilidad política y financiera", en lugar de trasladar las multas a las regiones. Lo que ocurre demuestra, para IU, la "indiferencia" del Gobierno central con este sector.
