Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 08/04/2009 14:05
La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a dos años de prisión a un policía local de la capital como responsable de un delito continuado de malversación de caudales públicos después de que se demostrara que el agente "hacía desaparecer" partes de servicio y dinero en metálico que tenía que repartir entre distintos servicios municipales.
La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, recoge que el condenado, un agente de 53 años identificado como F.M.R.G., desempeñó su cargo de Policía entre el año 2006 y febrero de 2008 en los Servicios de la Estafeta del Cuerpo, donde recibía de otros servicios de la Policía Local 'partes' y otros efectos, algunos con dinero en metálico, para que éste los repartiera a los servicios municipales competentes.
La resolución judicial explica que "lejos de cumplir con su obligación", F.M.R.G., "en algunas ocasiones, en vez de registrar y distribuir los partes de servicios, se apoderaba de ellos, los hacía desaparecer y tomaba para hacerlo propio el dinero en efectivo que acompañaba a los partes".
Así las cosas, el 3 de febrero de 2008 la Guardia Civil sorprendió al imputado en el interior de su vehículo particular consumiendo estupefacientes, por lo que los agentes del Instituto Armado hicieron un registro al coche en el que descubrieron boletines de denuncia, partes informativos, denuncias particulares y dinero en efectivo que el acusado "había sacado de su lugar de trabajo para hacerlos desaparecer".
Tras este incidente, el ahora condenado fue requerido por sus superiores, a quienes entregó 103 documentos "de muy diversa naturaleza y fecha" de los que "se había apoderado" para que desaparecieran.
La Audiencia Provincial de Sevilla no tuvo que celebrar el juicio de este caso ya que F.M.R.G. reconoció los hechos antes de la vista y aceptó dos años de cárcel y tres de inhabilitación como responsable de un delito continuado de malversación de caudales públicos y un delito de infidelidad en la custodia de documentos.
En los hechos probados, la sentencia estima como atenuante que el acusado sea consumidor habitual de estupefacientes desde hace más de una década, lo que afecta al acusado disminuyéndole las facultades volitivas e intelectuales.