El TSJA ve cesión "ilegal" de monitores de educación especial en centros docentes públicos

 

El TSJA ve cesión "ilegal" de monitores de educación especial en centros docentes públicos

Publicado 23/02/2017 16:39:45CET

CCOO exige cesar de manera "inmediata" esta contratación y convertir los 850 puestos generados mediante esa "privatización" en empleo público

SEVILLA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha fallado contra una sentencia de un Juzgado de lo Social de Málaga y declarado la existencia de cesión "ilegal" de trabajadores --en este caso concreto, de monitores de educación especial-- en centros docentes públicos de la comunidad.

El fallo del TSJA, consultado por Europa Press, deriva de una causa iniciada a instancias del sindicato CCOO, que ha presentado demanda en todas las provincias andaluzas denunciando a la Consejería de Educación, a la Agencia Pública Andaluza de Educación y a las empresas adjudicatarias del servicio de atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

Esta sentencia proviene del caso de una trabajadora en un colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) del municipio malagueño de Fuengirola que en 2015 denunció reclamando que se la considerara trabajadora indefinida de la Junta, ostentando la categoría de monitora de educación especial del Grupo III.

Y es que, según afirma la Sala, la finalidad de dicha cesión ilegal sería evitar que la relación laboral de la demandante se rija por el VI Convenio del personal laboral al servicio de la administración de la Junta de Andalucía, "mucho más favorable para la demandante que el convenio colectivo que se le viene aplicando, tanto en su retribución como en sus vacaciones anuales".

Igualmente, se señala que de esa cesión ilegal se deriva un "perjuicio evidente" al Servicio Público de Empleo Estatal que, por la dinámica de dicha cesión ilegal, viene obligado a abonar a la demandante prestaciones por desempleo más o menos durante los meses de julio y agosto de todos los años, periodos en los que la trabajadora quedaba en paro.

Tras analizar la Ley Orgánica de Educación (LOE) y la Ley de Educación de Andalucía (LEA), el TSJA concluye que "el profesorado y el personal cualificado para atender al alumnado con necesidades educativas especiales es un personal estructural de los centros públicos de educación; en consecuencia, la competencia para su contratación corresponde a la Consejería de Educación".

EL SINDICATO PIDE A LA JUNTA NO RECURRIR

En este sentido, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-A, José Blanco, ha manifestado a Europa Press que la sentencia pone en evidencia la actuación que "durante años" viene desarrollando la Junta de Andalucía con respecto a la externalización de este servicio educativo. Tanto es así, manifiesta el sindicato, que la Junta viene contratando a los trabajadores durante diez meses al año en lugar de doce, y, con ello, "está cometiendo un fraude que a la vez causa perjuicios al propio Servicio Público de Empleo Estatal, de lo cual el propio TSJA remitirá testimonio al citado organismo".

De acuerdo con lo dictado por el TSJA, Blanco ha exigido el cese de manera "inmediata" de la contratación de este servicio mediante empresas privadas y la conversión en empleo público de los 850 puestos de trabajo generados mediante esa "privatización", con contrataciones a jornada completa y duración anual, dando a la vez soluciones laborales al personal afectado.

Asimismo, CCOO pide a la Consejería de Educación no recurrir la sentencia al Tribunal Supremo, pues ello "vendría a generar más gastos al erario público y alargaría la precaria situación laboral de estos 850 trabajadores". En caso de no atender la Junta de Andalucía lo requerido por el sindicato, éste promoverá entre los trabajadores acciones de protesta.

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