SEVILLA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
El exalcalde de La Puebla del Río Julio Álvarez González (PSOE) defendió el pasado 29 de mayo ante el Juzgado mixto número dos de Coria del Río, que le investiga por un presunto delito de prevaricación por la contratación de tres trabajadores en la Mancomunidad del Guadalquivir cuando él ostentaba la Presidencia de dicha entidad, supuestamente sin proceso previo de selección, que no intervenía en las contrataciones y se limitaba a firmarlas confiando en el trabajo de su "equipo técnico".
Según su acta de comparecencia, recogida por Europa Press, a la hora de prestar declaración como investigado, Julio Álvarez González habría aceptado responder las preguntas del juez instructor y de su defensa, pero no de la acusación particular.
A tal efecto, recordemos que la investigación deriva de una denuncia inicial de un trabajador respecto a una convocatoria "fantasma" de empleo de la Mancomunidad del Guadalquivir, que presta labores de recogida de residuos sólidos, recogida selectiva de residuos o limpieza viaria en 27 municipios, cuando la misma era dirigida por Julio Álvarez.
A partir de ahí, la propia Fiscalía solicitó que el expresidente de la Mancomunidad y exalcalde de La Puebla del Río declarase como investigado, merced a un informe de los servicios jurídicos de la Mancomunidad, del que "se desprende que al menos hubo tres contrataciones de trabajadores que se realizaron sin que conste que hubiera procedimiento de selección".
En ese sentido, Julio Álvarez González defendió en su comparecencia que aunque es cierto que firmaba los contratos de trabajo porque tal extremo formaba parte de su responsabilidad como presidente de la Mancomunidad, no tenía "ningún tipo de intervención" en los procesos de contratación. Es más, aseguró desconocer "el procedimiento administrativo que debía seguirse para la contratación de los trabajadores", pues "únicamente iba a la Mancomunidad para firmar la documentación".
Y es que según su tesis, su "equipo técnico traía el trabajo hecho" y él "sólo firmaba, entendiendo que los procedimientos eran conformes a la legislación" y preguntando siempre si las contrataciones "venían con el visto bueno de los sindicatos", cuyos representantes "tenían pleno conocimiento" de tales contrataciones.
Así, ha reconocido que conocía a dos de los trabajadores cuyas contrataciones se investigan, al ser ambos vecinos de su municipio, insistiendo en que al firmar los contratos, estaba "convencido de que se habían tramitado conforme a la legalidad", dando "por bueno" el trabajo previo del "equipo de recursos humanos".
Julio Álvarez González, recordémoslo, fue condenado en 2011 por un delito de malversación de caudales públicos, por gastar como alcalde de La Puebla 6.098 euros en llamadas privadas a una sola mujer y a teléfonos eróticos, con el teléfono móvil del Ayuntamiento de dicha localidad sevillana.
