Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 14/03/2010 13:55
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará la queja presentada el pasado 23 de febrero por el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) contra el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco al que acusan de vulnerar la ley al autorizar a la Ertzaintza la detención de un supuesto etarra en Jaca (Huesca) el día 2 de ese mismo mes, en el marco de una operación desplegada por la policía autónoma vasca que se saldó con otras ocho detenciones en Guipúzcoa y Vizcaya.
El máximo órgano de Gobierno de los jueces ya se ha puesto en contacto con el sindicato por medio de una comunicación de su Servicio de Inspección, en la que le traslada que se ha recibido su escrito, que tuvo entrada el día 23 de febrero de 2010. "Nos servimos comunicarle que, tras los trámites oportunos, se elevará a la Comisión Disciplinaria de este órgano, para su estudio, anunciándole que le será comunicado en su día el acuerdo que se adopte", dice el documento al que ha tenido acceso Europa Press.
El SUP presentó varios escritos ante el CGPJ, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior en los que denuncia al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por autorizar a la Ertzaintza a actuar fuera de sus fronteras competenciales que se limitan al País Vasco, según defiende el sindicato.
Todos los escritos de denuncia llevan la firma personal del secretario general del sindicato José Manuel Sánchez Fornet, quien defiende que "las únicas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueden actuar en todo el ámbito del territorio del Estado español, porque son dependientes del Gobierno de España, son el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil".
En concreto, en el escrito presentado al CGPJ se solicitaba de dicho órgano "la apertura de una investigación para el esclarecimiento de los hechos y la depuración de posibles responsabilidades disciplinarias".
"La orden para que la Ertzaintza actuara fuera del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco no sólo no es conforme a Derecho, lo que podría determinar la nulidad de todas las actuaciones practicadas y consiguiente puesta en libertad de los presuntos terroristas, sino que con ella podría haberse incurrido en un presunto delito de prevaricación", defendía Fornet en su escrito de denuncia.