Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 07/11/2009 19:12
En Asturias

Trabajadores de las administraciones de Lotería estudian movilizaciones ante la "privatización" del juego

   Los trabajadores de las 104 Administraciones de Lotería de Asturias estudian, con el apoyo de varias organizaciones sindicales, iniciar movilizaciones de rechazo a las disposiciones 32 y 34 de los Presupuestos Generales del Estado, "que pretenden privatizar el juego público en España" y ante el temor de "perder" su trabajo.

   En total, en Asturias hay 104 administraciones de lotería de la Red Básica, cifra que se eleva a 300 con las Administraciones de la Red Complementaria, según explica el colectivo en nota de prensa con el apoyo de CCOO, UGT, APLA, ANAPAL y la Federación Nacional de Asociaciones Profesionales de Administradores de Loterías.

   Según reseñan en el escrito, las más de 4.000 Administraciones de Lotería existentes en España "aportan el 87 por ciento neto de las Loterías y Apuestas del Estado (LAE), lo que suponen 2.500 millones de euros y un total de 12.000 puestos de trabajo directo".

   Por su parte, Manuel Izquierdo, portavoz de la mesa de Asociaciones, explicó que con el cambio "perdemos todos", ya que el modelo actual es "cuatro veces más rentable que en el resto de países de la Unión Europea".

   El modelo de juego público de España es el "más eficaz y competitivo de Europa", así como el que "más dinero aporta al Tesoro Público", defiende. Por ello, desde el colectivo entienden que si las disposiciones 32 y 34 entrasen finalmente en vigor, "se importarían los ineficaces modelos de operadores de juego europeos, basados en comercializar juegos a través de miles de máquinas y nuevos canales tecnológicos más agresivos".

   "La disposición 32 detrae por ley un 2 por ciento de los ingresos que percibe el Tesoro por los juegos del Estado. Por otra parte, la disposición 34 plantea medidas irreversibles hacia una privatización encubierta, para que cualquier entidad jurídica pueda comercializar Juegos del Estado mediante contratos privados", argumentan.

   CCOO y UGT rechazaron el cambio normativo por la cantidad de puestos de empleo que la nueva medida supondrá. Así, "patronal y sindicatos no descartan movilizarse si finalmente no se consigue un consenso en lo que a la modificación de las disposiciones se refiere", concluye el comunicado.

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