SANTANDER, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
Ocho entidades pertenecientes a la Red Local de Sostenibilidad de Cantabria (RLSC) emprenden los planes de acción de la Agenda 21 Local en sus respectivos territorios. Para ello, la Consejería de Medio Ambiente ha prestado su apoyo mediante las órdenes de subvenciones para la ejecución de las inversiones previstas. Según datos del Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA), el resto se encuentra en las fases de análisis de la realidad municipal y puesta en marcha del proceso de participación ciudadana.
Alfoz de Lloredo, Cartes, Comillas, Marina de Cudeyo, la Mancomunidad Reserva del Saja, Mazcuerras, Santander y Santa María de Cayón son las entidades locales que, a partir del conocimiento previo de los problemas y oportunidades de sus respectivos territorios, han definido y desarrollan, con la participación de los vecinos de sus municipios, las actuaciones necesarias para mejorar el estado del medio ambiente y de la situación social y económica local, informó el Gobierno.
La implantación del Plan de Acción supone para los municipios un importante avance puesto que constituye el paso hacia la ejecución de los programas y proyectos que han sido seleccionados y priorizados a través de la colaboración entre el Gobierno local y la ciudadanía.
Con el fin de facilitar y apoyar económicamente la ejecución de dichos planes de acción, la Consejería de Medio Ambiente ha convocado este ejercicio, por cuarto año consecutivo, una orden de subvenciones para la ejecución de las inversiones previstas por los municipios y que estén contenidas en estos planes. El CIMA apoya el compromiso municipal, al prestar sus servicios, asesorar y realizar una labor de seguimiento de las Agendas 21 Locales y de la Red Local de Sostenibilidad de Cantabria.
Para que resulten eficaces, estos planes de acción tienen que recoger la descripción detallada de las actuaciones previstas, establecer los plazos para su realización, señalar a los responsables de su ejecución y establecer el coste económico y las fuentes de financiación. Asimismo, se deben incorporar los mecanismos de seguimiento que permitan conocer, tanto a los responsables políticos como a los vecinos, el grado de cumplimiento del plan y los avances que supone su aplicación para la mejora de la calidad de vida del municipio.