A finales de julio venció el plazo para recurrir la desestimación de los recursos sindicales por parte del Tribunal Administrativo Central
SANTANDER, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos CC OO y UGT han recurrido en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) la desestimación por parte del Tribunal Administrativo Central de sus respectivas demandas contra el contrato de colaboración público-privada del Hospital Valdecilla.
En realidad lo que han presentado es el anuncio de recurso, un paso previo a la formalización en firme del contencioso, con el que los sindicatos se garantizan "mantener abierta la vía judicial" mientras continúa la tramitación administrativa del contrato de Valdecilla, ya que el plazo para recurrir ante el TSJC la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (dos meses desde su notificación), vencía a finales de julio, según han confirmado a Europa Press fuentes sindicales.
UGT ha agotado el plazo y ha presentado el anuncio de recurso el viernes 26 de julio (recibieron la notificación oficial de la desestimación del Tribunal Administrativo el 28 de mayo), mientras que la Federación de Sanidad y sectores sociosanitarios de CC OO registró el escrito de interposición "a mediados de julio", concretamente el día 16.
En ambos casos, la diligencia de ordenación de la Sala de lo Contencioso Administrativo -paso previo al pronunciamiento sobre la admisión a trámite de los recursos-, solicita la subsanación de diversa documentación preceptiva que no ha sido aportada por los sindicatos, entre otras cosas la liquidación de las tasas, según han informado a esta agencia fuentes judiciales.
En el supuesto de que los recursos sean admitidos a trámite, el TSJC solicitará el expediente al Gobierno de Cantabria para trasladárselo a los sindicatos, que a partir de ese momento tendrían 20 días hábiles para formular en firme la demanda, "lo cual ya nos situaría a finales de septiembre", ha explicado el servicio jurídico de UGT, que fue el primero que recurrió la licitación del contrato de Valdecilla ante el Tribunal Administrativo Central.
Aunque la organización ugetista tiene "muchas dudas" de que el modelo de contratación administrativa elegido por el Gobierno "sea el correcto" desde el punto de vista técnico, todavía no sabe si seguirá adelante con el recurso.
Su decisión final dependerá del resultado, en términos de empleo, del proceso de diálogo competitivo del Servicio Cántabro de Salud con los cuatro grupos empresariales que participan en el proceso, y del cumplimiento por parte del Gobierno del compromiso de negociar con los sindicatos los aspectos que afectan a los trabajadores del Servicio Cántabro de Salud y de las contratas antes de elevar a definitivo el documento descriptivo previo, algo que se sustanciará a finales de agosto, según las previsiones de la consejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga.
De esta forma, si se garantizan las condiciones de los trabajadores de las contratas y la "efectiva libertad" del personal estatutario de seguir como tal, UGT renunciaría a formalizar la demanda.
COSTE ECONÓMICO DEL PROCESO JUDICIAL
Por otro lado, los sindicatos también están valorando el impacto económico de las tasas judiciales y las costas procesales en el supuesto de que hagan firmes los recursos y el TSJC falle a favor del Gobierno de Cantabria.
Las tasas judiciales no se podrá calcular hasta que la Sala del TSJC determine la cuantía del contencioso, que variará ostensiblemente en función de si se fija como indeterminada -la opción más favorable para los sindicatos- o como determinada, ya que en este caso se podría tomar como referencia el importe del contrato de Valdecilla, que resultará del diálogo competitivo, si bien se ha estimado inicialmente en 660 millones de euros (33 millones anuales durante 20 años por la construcción y equipamiento de la Fase III del Plan Director, con una inversión de 99,1 millones, y la gestión de servicios no asistenciales).
Por eso los sindicatos son conscientes de la importancia de ir sobre seguro y fundamentar bien el recurso. En este sentido, fuentes de Comisiones Obreras han señalado a Europa Press que la asesoría jurídica del sindicato en Cantabria está trabajando en coordinación con la Federación Estatal de Sanidad para "armar muy bien" el recurso. Su idea es "parar la privatización de Valdecilla con todos los medios a su alcance, sin descartar ninguno a priori".
Las citadas fuentes han puntualizado que no se limitarán a la "acción jurídica" sino que volverán a la movilización. "El otoño va a ser caliente en la sanidad de Cantabria", avisa CC OO, que es el único sindicato que confirmó su intención de recurrir al TSJC el mismo día de la reunión del pasado 29 de mayo en la que el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, y la consejera de Sanidad se comprometieron a abrir una vía de diálogo con las organizaciones sindicales.
En la misma línea que UGT, el sindicato USO también renunciaría a la vía judicial si el Gobierno "cumple" y el documento descriptivo final garantiza el mantenimiento de la plantilla y de unos estándares de calidad "exigentes", así como los acuerdos entre los representantes de los trabajadores de las contratas y las respectivas empresas.
Fuentes de USO consultadas por Europa Press han destacado al respecto que la plantilla de las contratas representa el 90% del total de trabajadores afectados por el contrato de colaboración público-privada de Valdecilla (en total unos 600 en los 40 servicios cuya gestión ya está privatizada y salen ahora de nuevo a licitación de forma conjunta). Según sus estimaciones, la totalidad del personal estatutario se acogerá a la opción de seguir ostentando esta condición.
Según el Gobierno, los trabajadores estatutarios del SCS afectados por la privatización de nuevos servicios son unos 250, mientras que los trabajadores de las contratas son unos 600 sumando los 40 servicios cuya gestión ya está privatizada y salen ahora de nuevo a licitación de forma conjunta.
