SANTANDER, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC) ha invitado a las administraciones cántabras, tanto la autonómica como las entidades locales, a defender el territorio de la técnica del fracking empleando la legalidad y planteando un conflicto de competencias con el Estado. Según ADIC, la sentencia del Tribunal Constitucional contra la ley cántabra "no da otra opción", por lo que ha reclamado "unidad de acción" de todas las fuerzas políticas, tanto en Cantabria como en Madrid, ante "la alarma social generada", de modo que "por una vez, vayan de la mano sociedad y clase política".
Para la asociación, con independencia de valorar o no la ley derogada, la "extraña prontitud" de la sentencia "obliga a movilizarse rápido".
"Algo debe haber detrás para que en solo cinco meses se haya resuelto el recurso Constitucional", ha considerado ADIC, que ha demandado, con "urgencia", que las competencias medioambientales locales y autonómicas en materia de administración y ordenación del territorio, así como las ambientales, se apliquen "con toda rigurosidad". Igualmente, ha solicitado que se refuerce el autogobierno para establecer medidas adicionales de protección medioambiental.
Y todo, según la organización cantabrista, "desde una inequívoca sinceridad y unidad" porque "no se puede repetir el patético espectáculo de los diputados cántabros en Madrid, a los que ADIC pide que pongan pie en pared para demostrar claramente que hay una oposición social al fracking".
