Ciudades metropolitanas exigen medidas para garantizar la vivienda y combatir mafias que 'okupan'

Reunión de ciudades metropolitanas sobre vivienda
EUROPA PRESS
Publicado 05/04/2017 14:09:41CET

Colau culpa al PP de una futura "ola de desahucios" por la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos

BADALONA (BARCELONA), 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes y tenientes de alcalde de Barcelona, Badalona, L'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa y Sabadell han exigido este miércoles a la Generalitat y al Gobierno central recursos y medidas estructurales y urgentes para garantizar la vivienda y para combatir las mafias que 'okupan' pisos y los realquilan, a menudo sin el conocimiento de los inquilinos.

Han exigido al Gobierno central no impugnar la ley de emergencia habitacional 4/2016, aprobada tras la suspensión de medidas de vivienda de la 24/2015, han destacado en rueda de prensa tras reunirse en Badalona las alcaldesas Dolors Sabater (Badalona), Ada Colau (Barcelona), Nuria Parlon (Santa Coloma de Gramenet) y Juli Fernández (Sabadell), y los tenientes de alcalde de L'Hospitalet de Llobregat José Castro y de Terrassa Lluïsa Melgares.

"Que no nos quiten las herramientas que tenemos. Que no den más, y que el Estado deje esta judicialización que nos deja sin herramientas", ha exigido Sabater, que ha pedido junto al resto de representantes municipales convocar el Pacte Nacional pel Dret a l'Habitatge y poner el derecho a la vivienda por encima del negocio.

También han pedido al Gobierno central que las partidas para vivienda del Presupuesto General del Estado (PGE) se acerquen a porcentajes de otros países de la UE que dedican entre un uno y el 3% a esta materia cuando en España se destina un 0,05%, ha aseverado Colau, que ha coincidido en exigir al Ejecutivo de Mariano Rajoy no recurrir la Ley 4/2016 y ha lamentado "la judicialización, una vez más".

Ha asegurado que la "última liberalización de la Ley de Arrendamientos Urbanos" del Gobierno del PP ha implicado la reducción de la duración de los contratos en un momento en que ha subido el precio del alquiler --cerca de un 15% en Barcelona-- que coincidirá con el fin de muchos contratos: "Provocará la nueva ola de desahucios presentes y futuros de nuestras ciudades".

Colau ha abogado por revertir esta normativa y regular también "unos precios de alquiler que son abusivos", asunto que asegura que depende de la voluntad política y que ha avanzado que plateará al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la reunión que mantendrán este jueves en el Ayuntamiento.

HERRAMIENTAS CONTRA MAFIAS

Ha pedido a la Generalitat --que trabaja en un índice de precios de referencia de alquiler-- una normativa catalana sobre 'okupaciones' que distinga entre situaciones de vulnerabilidad y de mafias y entre grandes y pequeños propietarios, y también "más recursos para los Mossos d'Esquadra" para que puedan investigar estas mafias y organizaciones delictivas que se lucran con la vivienda.

Castro ha pedido un reglamento catalán para actuar ante estas 'okupaciones' y que el Gobierno central del PP "deje de atacar herramientas como la Ley 4/2016", y también ha exigido más recursos para ampliar el parque de vivienda público, movilizar el vacío de entidades financieras y mejorar el residencial existente.

AVISO DE POPULISMO

Parlon ha lamentado que la vivienda se está convirtiendo en un lujo también para ciudadanos que trabajan y no están en situación de vulnerabilidad, y ha avisado de que la derecha aprovecha problemas de convivencia en barrios con 'okupaciones' de mafias contra colectivos: "El populismo y la xenofobia están muy presentes sobre todo en Europa, pero aquí no los podemos dejar de lado".

Desde Sabadell, Fernández ha reiterado la necesidad de la Ley 4/2016 y ha criticado que el Gobierno central del PP "sigue entestado en igualar la miseria en lugar de igualar la dignidad, y en defender los derechos de los grandes tenedores en lugar de a los más vulnerables".

Melgares ha defendido que los municipios se posicionan como un "lobby antes las entidades financieras" y ante el Gobierno central, que prevé una inversión en la materia que considera ridícula y que ve necesaria para combatir procesos de gentrificación en unas zonas y la concentración de pobreza en otras.

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