BARCELONA, 30 Nov. (EUROPA PPRESS) -
Un total de 163 profesores ha manifestado haber sido agredido en Catalunya en el último año --de octubre a octubre-- en manos de sus alumnos, de forma física o verbal, según datos del servicio del Defensor del Profesor, del sindicato ANPE.
En declaraciones a Europa Press, el asesor jurídico del Defensor del Profesor, Pere Ciudad, explicó que las agresiones físicas representan el 4 por ciento, una opinión que comparte el resto de portavoces de salud laboral de otros sindicatos. La mayoría son agresiones verbales que se materializan en insultos por parte de alumnos "disruptivos" --los que no quieren asistir a clase--.
Sin embargo, Ciudad concretó que los conflictos no son siempre con los alumnos, dado que en Pririmaria y primer curso de Secundaria es más habitual tener "problemas" con los padres, mientras que en el resto de la Secundaria son los alumnos quienes generan estas situaciones. Ciudad achacó este hecho a la "sobreprotección" de las familias.
AUTORIDAD PÚBLICA
La legislación viegente no reconoce la figura del profesor como una autoridad pública, por lo que toda agresión a su persona no se beneficia de la tipificación de "atentado" a un funcionario público.
El ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), José María Mena, hizo una interpretación del Código Penal tras las cual recomendó a todos los jueces la máxima contundencia contra estas agresiones. Hoy, según explicó la Conselleria de Educación, la consideración de autoridad pública depende de la interpretación que cada juez haga del Código Penal, como sucedió esta semana con el caso de una maestra que tuvo que ser indemnizada por la agresión de un alumno.
A raíz de este hecho, Ciudad admitió haber recibido más peticiones en la última semana "porque los profesores se sienten animados a denunciar". Pero de este centenar de llamadas, la Conselleria sólo reconoce seis casos de agresión "grave" en los dos últimos años y desde el inicio de este curso --desde 2006-2007--, de los cuales dos se han resuelto a favor del maestro, y el resto sigue pendiente.
De hecho, la futura Ley de Educación de Catalunya (LEC) reconoce solamente la figura del director del centro como una autoridad pública, mientras que no menciona a los profesores o el resto de personal de la escuela en este sentido.
COMO LA VIOLENCIA DE GÉNERO
El asesor jurídico sostuvo que se da una situación similar entre las víctimas de la violencia de género y las de la violencia escolar, ya que existe cierto temor a denunciar los hechos. "Hay muchos maestros que lo viven avergonzados porque piensan que denunciar es como admitir que no se sabe gestionar una clase", ejemplificó. Por ello, aseguró que estos temas se tratan bajo una "absoluta confidencialidad".
Los profesores están sometidos a un alumnado "diverso" para el que los profesores aseguran no estar formados. Ciudad criticó que el Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) es un "fracaso absoluto sabido desde hace años", y afirmó que la Conselleria de Educación debería programar "de forma más seria" una formación en riesgos laborales.
Por su parte, el responsable de la secretaria de salud laboral de CC.OO., Toni Madueño, criticó que la Conselleria "a menudo intenta tapar los casos y no hace nada por estos profesores", y añadió que Educación debe responder y cumplir con su responsibilidad. En este caso, citó a la profesora que ha sido indemnizada "porque se ha tenido que pelear con el departamento".
El servicio del Defensor del Profesor pertenece al sindicato ANPE, de maestros de la enseñanza pública, es un servicio telefónico y gratuito mediante el cual los profesores pueden obtener asesoramiento psicológico y jurídico.
