BARCELONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat y entidades del sector de servicios de atención a las personas han firmado este viernes un código de buenas prácticas de contratación pública, en el que los criterios "éticos" y sociales prevalecerán sobre el precio, con la finalidad de garantizar la calidad de los servicios prestados y el respeto a las condiciones laborales de los trabajadores.
En declaraciones a los medios, la directora de la Oficina de Supervisión y Evaluación de la Contratación Pública de la Generalitat, Teresa Pitarch, ha asegurado que "mejorará la calidad de la contratación al no darse importancia al precio del servicio", que no superará el 40% de los criterios para su adjudicación, y como mínimo el 60% serán aspectos sociales.
Se trata de un catálogo de orientaciones y pautas a seguir en la tramitación de los expedientes de contratación, dirigido tanto a los órganos contratantes como al conjunto de operadores económicos que participan en las licitaciones.
Involucra a cerca de 10.000 entidades, con el objetivo de garantizar que todos los salarios estén en condiciones de trabajo digno, por encima de los convenios colectivos, evitando que se produzcan bajadas temerarias de los precios, ha observado Pitarch.
También se valorará, por encima del precio, que las empresas tengan planes de igualdad de género, que fomenten políticas de conciliación laboral y familiar, y que se protejan colectivos de difícil inserción laboral, por lo que Pitarch ha valorado el acuerdo como un impulso de las políticas sociales más allá de las políticas directas del Govern.
La vicepresidenta y consellera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, ha explicado que este acuerdo constituye una "política de contratación" y se convertirá en una instrucción de aplicación en la Generalitat, que afronta el reto de hacerlo extensivo a la administración local, por lo que lo compartirán con las entidades ACM y la FMC.
PRECARIEDAD LABORAL
La presidenta de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (Acra), Cinta Pascual, ha valorado positivamente que a partir de ahora se haga "contratación social", ya que en las licitaciones de concursos el precio pesa mucho --en algunos casos, hasta el 80%--, y que se marquen líneas rojas de actuación.
El líder de CC.OO. de Catalunya, Joan Carles Gallego, ha observado que se trata de un sector "precario", en el que hay muchos contratos a tiempo parcial y sueldos bajos, y ha destacado que es necesario mejorar las condiciones de los trabajadores para que no se resienta la calidad del servicio.
El secretario general de la UGT en Catalunya, Josep Maria Àlvarez, ha calificado el codigo como "decisivo" para que se recupere la decencia, y ha afirmado que siguen trabajando en una ley que abarque todas las administraciones catalanas, y no solo la Generalitat, en lo que ha coincidido Gallego, que ha recalcado la necesidad de llevar el acuerdo al ámbito local.
En su elaboración han trabajado asociaciones empresariales, colegios profesionales, los sindicatos CC.OO. de Catalunya y UGT de Catalunya, y las principales entidades del sector social, entre las que hay la Confederació, la Patronal del Tercer Sector Social, la Asociación de Empresas de Ayuda a Domicilio Estatal (Asade) y la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social.
