BARCELONA, 10 May. (EUROPA PRESS) -
El abogado de un exinterno que ha estado en huelga de hambre del Centro de Internamientos de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona ha asegurado este jueves que su cliente, que fue expulsado en avión del país este lunes, viajó "en un estado deplorable y sin estar en condiciones" porque aún estaba demasiado débil por la huelga y lesiones.
En declaraciones a Europa Press, el letrado Xavier Hereu ha dicho que ha solicitado un informe médico que enviarán desde Georgia para, si hace falta, emprender de nuevo acciones legales, puesto que ya interpuso una denuncia ante el Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona por haber recibido agresiones en el CIE.
Y es que David B., originario de Georgia, hacía casi un mes --desde el 16 de abril-- que estaba en huelga de hambre para protestar precisamente por los malos tratos que recibió tras interceder para que otro recluso recibiera atención médica urgente porque le dolía mucho el riñón.
Las autoridades accedieron a su ruego y trasladaron a su compañero al hospital pero, según el letrado, reprendieron a su cliente y le encerraron en una sala sin cámaras para propinarle golpes.
Además de estar débil por su acción reivindicativa, David B. y tres internos más --también en huelga de hambre-- llegaron a lesionarse con cuchillas de afeitar para evitar la expulsión que, en un principio, estaba prevista para el viernes 27 de abril, pero que se fue prorrogando.
La resolución de la orden de salida del país se efectuó en 2005, pero durante estos siete años David B. ha vivido en Girona con su mujer y sus dos hijos: una niña de 12 años y un niño de 2 nacido en Catalunya.
Hereu remarcó que había prescrito el plazo para expulsar a su representado y que el cambio de las circunstancias certifican el arraigo familiar, con lo que no se le debería haber echado del país.
Además, hay un proceso judicial abierto por estas agresiones, con lo que el abogado pidió que se paralizara el proceso de expulsión hasta que el juzgado resolviera: "No se ha de permitir el alejamiento del denunciante, porque después de la instrucción viene el juicio, y el alejamiento no respeta sus derechos más esenciales".
La perseverancia del interno para evitar ser extraditado se ha visto frustrada pese a la intervención del Síndic de Greuges, que pidió al Ministerio de Interior que reconsiderara la expulsión, y de la Defensora del Pueblo, que requirió al Síndic un informe sobre David B.
