BARCELONA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
El ingeniero Joaquín Quílez, imputado por la trama de licencias de Ciutat Vella, se enfrenta a 2 años y 7 meses de cárcel y a una multa de 66.400 euros por otro caso que será juzgado a partir del próximo lunes en la Audiencia de Barcelona, acusado como cooperador necesario de delito continuado de tráfico de influencias, falsedad documental y negociación prohibida a los funcionarios.
Según el escrito fiscal, Quílez formaba parte de una red de ocho personas que, presuntamente, obtenían beneficios a cambio de tramitar expedientes para legalizar licencias de establecimientos, la mayoría en el distrito del Eixample, y principalmente entre 2000 y 2004.
Según el mismo escrito, el funcionario municipal Eduardo Cabestany, ayudado por los otros acusados --entre ellos un ex funcionario, Julián L.S., el ingeniero Quílez y otro ingeniero-- tramitó "de forma externa al Ayuntamiento" y a través de dos despachos privados que poseía en Barcelona, licencias de actividad que conocía a través de su trabajo como funcionario en el distrito de L'Eixample.
En ocasiones, incluso hacía rellenar las licencias a alguno de los empleados de sus despachos privados, sin que éstos tuviesen conocimiento de la actividad de Cabestany.
El fiscal también sostiene que llegaron a reabrir expedientes que habían sido denegados por deficiencias insalvables, aprovechando periodos vacacionales o requiriendo los expedientes a otros funcionarios, "obviamente sin pasar por el trámite interno y preciso de autorización del jefe de licencias del Ayuntamiento".
Así, el ex funcionario imputado, Julián L.S., a cambio de una comisión del 10%, se reunía con empresarios que habían tenido algún tipo de dificultad en la concesión de sus licencias, prometiéndoles que finalmente lograrían el trámite.
Por su parte, Quílez y el otro ingeniero imputado daban el visto bueno a los planos de obras, sin que, en muchas ocasiones llegaran a visitar la obra.
Quílez está imputado en la trama de las presuntas irregularidades en la concesión de licencias en el distrito de Ciutat Vella, especialmente de pisos turísticos, en el que también están implicados dos funcionarios, Heliodoro Lozano --que había sido jefe de servicios técnicos del distrito-- y la funcionaria Elena Ariza --que había ocupado diversos cargos técnicos en Ciutat Vella, el último, como secretaria técnico-jurídica--.
Además, Quílez también aparece implicado en la trama de los prostíbulos de Castelldefels (Barcelona) Riviera y Saratoga, que aun está en instrucción.
