Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 21/12/2010 04:13
El equipo de gobierno socialista de L'Hospitalet de Llobregat y el PP de Badalona (Barcelona) presentarán una moción en los plenos municipales de este martes para reclamar al Gobierno que se deniegue la legalización por arraigo social y la reagrupación familiar a los inmigrantes que vulneren las ordenanzas cívicas, si los entes locales emiten un informe negativo.
Por ahora, los municipios se limitan a acompañar las peticiones de arraigo y reagrupación --que autorizan las delegaciones del Gobierno-- con informes no vinculantes, y tampoco tienen acceso a las bases de datos de multas administrativas de los solicitantes. En el caso de la reagrupación, inspeccionan la vivienda para acreditar que está en condiciones de alojar a los familiares.
Para el Ayuntamiento de L'Hospitalet, que trasladará la propuesta al Ministerio de Trabajo para que se incluya en el reglamento de la Ley de Extranjería, se deberían penalizar actitudes como el consumo de alcohol en la vía pública, la venta ambulante ilegal o las molestias por ruidos a los vecinos.
La alcaldesa de localidad, Núria Marín (PSC), afirmo que no piden "unas actitudes modélicas, sino que se respeten las normas de convivencia de la ciudad", señalando que los inmigrantes incívicos son "una pequeña minoría que estigmatiza a todo el colectivo". "No podemos evitar que cualquier persona venga a vivir a la ciudad, pero como Ayuntamiento queremos decir si es un ciudadano que cumple o no las normas de convivencia", apostilló.
TAMBIÉN EN BADALONA
En un comunicado, el presidente del grupo municipal del PP en Badalona, Xavier Garcia Albiol, pidió que este Consistorio liderado por los socialistas tenga potestad para comprobar la existencia de infracciones a las ordenanzas cívicas --"por parte del solicitante o del propio domicilio objeto de inspección"-- para que se tenga en cuenta a la hora de tramitar permisos y la reagrupación.
En la moción, el PP propone solicitar al Gobierno que el reglamento de la Ley de Extranjería "establezca la necesidad de un informe emitido por el Ayuntamiento de residencia, en el que se contemplen las infracciones de las ordenanzas municipales que regulen la convivencia y/o el civismo".
A su juicio, las sanciones firmes por infracciones de la ordenanza en los últimos 12 meses deberían ser motivo suficiente para que el Ayuntamiento emita un informe negativo. Coincidiendo con la iniciativa de Albiol, el PP de Catalunya anunció que impulsará mociones en este sentido en todos los ayuntamientos en los que tiene representación.
APOYO DE LOS MUNICIPIOS
La coalición de gobierno de Salt (Girona), formada por PSC y ERC y liderada por Iolanda Pineda (PSC), votó este lunes una moción en la misma línea que estos los dos municipios barceloneses.
En declaraciones a Europa Press, ayuntamientos con un 20 por ciento de inmigración, como Tortosa y El Vendrell (Tarragona), también han abogado por que los municipios tengan un papel determinante en la legalización por arraigo de los inmigrantes, aunque han subrayado la importancia del consenso entre todas las fuerzas políticas.