PP, CiU y UPyD rechazan en el Congreso que el Gobierno promueva la autofinanciación de la Iglesia

 

PP, CiU y UPyD rechazan en el Congreso que el Gobierno promueva la autofinanciación de la Iglesia

Actualizado 23/05/2012 22:10:14 CET

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de PP, CiU y UPyD han rechazado una proposición no de Ley defendida por Izquierda Plural en la Comisión Constitucional del Congreso que instaba al Gobierno a poner en marcha medidas para promover que la Iglesia Católica se autofinancie y desaparezcan las exenciones fiscales.

Concretamente, el texto se ha rechazado por 26 votos en contra, 16 a favor --Izquierda Plural, PSOE, Amaiur y ERC-- y una abstención, la del portavoz de PNV, Aitor Esteban.

El texto sometido a votación fue fruto de un acuerdo alcanzado entre la Izquierda Plural y el PSOE, quien presentó enmiendas al articulado inicial. Aunque UPyD también había planteado propuestas de cambio, sus enmiendas fueron rechazadas, la formación quedó "insatisfecha" con el resultado de la transacción, y no apoyó la iniciativa con su voto.

En concreto, la proposición instaba al Ejecutivo a "llevar a cabo las medidas oportunas para establecer un calendario con un plazo de adaptación para la completa autofinanciación de la Iglesia Católica" y "revisar en ese plazo de adaptación los beneficios fiscales de los que disfruta, con objetivo de su homologación al sistema general, en particular, en lo que respecta a las exenciones en el Impuesto sobre Bienes e Inmuebles (IBI)".

Asimismo, solicitaba al Gobierno la revisión, "en ese plazo de adaptación, el sistema de asignación tributaria a la Iglesia Católica en el IRPF en una tendencia a su progresiva desaparición" y pedía que se recortase "en un 20 por ciento" la partida que recibe por esta vía en los presupuestos de 2012 a fin de que "la Iglesia participe en el esfuerzo colectivo necesario para superar la crisis".

Para el diputado de Izquierda Plural Joan Nuet, que ha defendido la iniciativa, la Iglesia Católica "es una de las grandes propietarias de inmuebles de todo tipo" y el hecho de que esté exenta de pagar el IBI, entre otros impuestos, "está sobre la mesa de miles de municipios". "Es un debate que estoy convencido que si no lo abordamos por la puerta, nos va a entrar por la ventana y por eso, lo mejor es coger el toro por los cuernos, dialogar con esta iglesia propietaria y llegar a acuerdos", ha señalado.

El portavoz del Grupo Socialista, José Ignacio Sánchez Amor, aunque ha expresado cautelas respecto a la transacción por la necesidad, a su juicio, de abordar la situación de la Iglesia desde "un punto de vista más amplio", ha votado a favor por entender que al final, envía al Gobierno el mensaje de que debe "ver la forma de que la Iglesia contribuya en esta situación de crisis como lo están haciendo otras instituciones y entidades".

Por su parte, Rosa Díez, de UPyD, ha declinado apoyar la propuesta porque la redacción "no satisface la pretensión de las enmiendas" planteadas por su grupo, encaminadas a evitar un "efecto perverso" por el que la Iglesia Católica pudiera quedar "en peor situación" que otras confesiones, y a distinguir entre sus labores de evangelización y su actividad social a la hora de juzgar los beneficios fiscales.

"Creemos que hay que avanzar en la laicidad del Estado y en la autofinanciación de la Iglesia Católica claramente, pero hacerlo a través de una reforma general, quizá una reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa que afectara a todas las confesiones, aunque la forma más directa y adecuada para hacerla es revisando el Concordato. Alguna vez nos tendremos que atrever", ha señalado Díez ante la Comisión Constitucional.

En esta línea se ha expresado el portavoz de CiU, Jordi Jané, cuya formación se ha mostrado "abierta" a un "replanteamiento global" del sistema de financiación de la Iglesia Católica, pero no con debates que "pudieran llegar a estigmatizar a la propia Iglesia Católica sin reconocer el papel y protagonismo especial que tiene (...) y sin reconocer que un Estado aconfesional no significa que no se deba tener esa especial relación con la confesión mayoritaria de la ciudadanía".

"No podemos desconocer de esa realidad social, aunque sí podemos estar abiertos a replantar cual es la mejor fórmula que puede llegar a plantearse", ha añadido, para apuntar que "existen unos concordatos" y que "a golpe de proposición no de ley no es la mejor manera de replantear el sistema vigente", un sistema que, conforme ha recordado, proviene del "consenso constitucional de la Transición". Por todo ello, el grupo ha votado en contra.

Por su lado, el portavoz de Amaiur, Rafael Larreina, ha votado a favor, aunque había pedido un "esfuerzo" por incorporar "los puntos de vista" de Rosa Díez para conseguir que la Iglesia "no tenga privilegios pero tampoco discriminaciones" frente a otras instituciones con similar actividad. También desde el Grupo Mixto, el diputado de ERC Alfred Bosch i Pascual ha apoyado la propuesta, por entender que una "subvención excesiva o ayuda excesiva del Estado a la Iglesia interfiere en su realidad y la de sus creyentes".

"NO HAY RAZONES DE FONDO NI OPORTUNIDAD"

Por último, ha intervenido el portavoz del Grupo Popular, Eugenio Nasarre, que ha cerrado la puerta a cualquier cambio en el sistema actual de financiación de la Iglesia, porque "la fórmula actual funciona safistactoriamente, responde a postulados constitucionales, produce beneficios a la sociedad española y cuenta con un amplio respaldo social". "No encontramos razones de fondo ni de oportunidad que exijan su cambio", ha señalado.

En concreto, en cuanto al pago del IBI, el diputado ha recordado que es un beneficio fiscal "absolutamente similar" al que disfrutan otras confesiones religiosas y "gran parte" del sector no lucrativo de España porque "tiene una finalidad eminentemente incentivadora de la labor de entidades que colaboran en la consecución de fines de interés general".

Sobre el sistema de asignación tributaria, ha incidido en que para la Iglesia "no hay una subvención directa y no tiene garantizada ninguna cantidad, depende de la libre voluntad de los contribuyentes, y fueron nueve millones de contribuyentes quienes la manifestaron en la pasada declaración", por lo que el "apoyo de la sociedad" a este sistema es "evidente".

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