Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 21/01/2009 16:24
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta (PP) negó hoy a través de un comunicado la denuncia elevada por Comisiones Obreras (CCOO) a la Fiscalía de Menores sobre la existencia de "torturas" en el centro de reforma de menores local de Punta Blanca. La oposición, por su parte, pidió una comisión de investigación.
"Las actuaciones que se desarrollan en el centro de reforma se ajustan en todos los casos a la legislación aplicable, la Ley 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor, y el reglamento que la desarrolla, aprobado mediante el Real Decreto 1.774/2004, y cuya legalidad ha sido estimada por la sentencia de la Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de fecha 10 de noviembre de 2006", aseguró el Ejecutivo que preside Juan Vivas, al que el primer grupo de la oposición en la Asamblea, UDCE-IU, pedirá mañana en Pleno la apertura de una Comisión de Investigación sobre los hechos.
"Tras contactar con la Consejería de Presidencia y la Jefatura de Menores", según explicó el Gobierno, la institución "niega rotundamente las manifestaciones vertidas por el sindicato en la denuncia presentada ante la Fiscalía de Menores en relación al supuesto trato que reciben los jóvenes internados en Punta Blanca".
Según el Ejecutivo autonómico, "la normativa tipifica las medidas disciplinarias que se puedan aplicar a los jóvenes" en función de si sus faltas se tipifican como leves, graves y muy graves, "y el reglamento concreta las sanciones que se pueden aplicar, a lo que se ajustan siempre las actuaciones que se siguen en el centro". "Todas las medidas disciplinarias que se imponen a los menores son comunicadas no sólo a la Jefatura de servicio, sino también al propio juez de Menores, que tiene conocimiento de todos estos expedientes", concluyó la Ciudad.
El Gobierno ceutí tildó de "absolutamente intolerable" que el sindicato hable de torturas "o que compare la situación del centro de reforma con la prisión iraquí de Abu Ghraib", y mostró su deseo de que la situación "se aclare cuanto antes". En cualquier caso, la Ciudad se ha reservado su derecho de emprender acciones judiciales contra el sindicato por esta denuncia, que según su versión "no sólo falta a la verdad, si no que muestra un desconocimiento absoluto tanto de la realidad del centro como de la legislación".
Por último, el Gobierno quiso mostrar su "absoluto respaldo" a la Consejería de Presidencia, a la Jefatura del área, a la dirección del centro de reforma y a los trabajadores de Punta Blanca, "víctimas de unas acusaciones falsas e injustificables". "Al Ejecutivo le hubiera gustado por poder explicar todo esto a Comisiones Obreras, pero no ha sido posible porque el sindicato en ningún momento se ha dirigido a los responsables del área", lamentó.
Por su parte, el primer grupo de la oposición en la Asamblea, UDCE-IU, anunció hoy que mañana mismo elevará una petición "de urgencia" en el Pleno de mañana a la Corporación para solicitar la creación de una Comisión de Investigación "al objeto de esclarecer lo ocurrido y depurar las responsabilidades que pudieran desprenderse".