VALENCIA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Avaesen (Asociacion valenciana de empresas de energía), José Antonio Soler, ha explicado este lunes que los inversores en energía fotovoltaicas se plantean reclamar al Gobierno la pérdida patrimonial que les supondrá la retroactividad en las tarifas que está estudiando aprobar el Ministerio de Industria por Real Decreto.
Soler ha mantenido este lunes una reunión con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el conseller de Infraestructuras, Mario Flores, quienes trasladaron el "aliento" del Consell a los empresarios de este sector ante la posibilidad de que el Ministerio apruebe finalmente el recorte retroactivo en las tarifas de las energía fotovoltaicas.
Al respecto, ha señalado que el sector está a la espera "de ver qué pasa con el compromiso de que el Real Decreto se publicara a finales de este mes", aunque también ha anunciado que sus asesorías jurídicas ya están estudiando la posibilidad de reclamar Gobierno las pérdidas que les supondrá este medida.
En ese sentido, ha explicado que las consecuencias de aprobarse este decreto para la Comunitat Valenciana serían la pérdida de 4.500 trabajadores, del cierre de 300 empresas y unas pérdidas de mil millones de euros con lo que los productores no podrán afrontar las inversiones que realizaron para poner en marcha estas instalaciones, que quedarían en manos de bancos y cajas de ahorro. Además, ha agregado que esta medida supondría "la pérdida de la confianza" de inversiones extranjeros y de los bancos en este sector.
De hecho, ha recordado que en la Comunitat valenciana "muchos pequeños inversores" han apostado por esta energía amparados en el antiguo Real Decreto, que les garantizaba el precio de la energía durante 25 años, cuando ahora con este recorte de horas verán reducidos sus beneficios para poder devolver los préstamos.
Por su parte, el conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, ha recalcado que el Gobierno valenciano "este totalmente en contra de una medida de este tipo" que "además habrá que ver desde qué punto es legal". Así, ha señalado que causaría "una alarma tremenda" para este sector. Además, ha señalado que el sistema de cupos de potencia ya "paralizó" la actividad ya que de 158 mw en 2008 se pasó a 7 mw, una reducción del 95 por ciento.
"Esta medida está generando muchísimos desconcierto y nosotros nos hemos defendido a defender los intereses del sector y vamos a intentar, también a través de nuestro partido, se apoye a estos empresarios porque supondría su ruina", ha destacado.
