VALENCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de centros de educación infantil privados en la Comunidad Valenciana, ACADE-ADEIV, critica el plan experimental de la Conselleria de Educación para escolarizar a niños de 2 años en centros públicos de primaria porque, a su parecer, puede resultar "peligroso física y psicológicamente para los bebés y menores de menos de 3 años". Asimismo, el colectivo reclama "una reunión urgente con el conseller de Educación, Vicent Marzà, para "evitar el cierre de más de 700 centros de infantil privados y la destrucción de 7.000 puestos de trabajo".
La asociación argumenta, a través de un comunicado, que "la necesaria adecuación de las aulas a las particularidades educativas y físicas de los niños de estas edades es un despilfarro económico inasumible para la cuarta autonomía más endeudada de España, cuando ya está creada una red de más de 700 centros privados perfectamente adaptados donde el Gobierno autonómico no tiene que realizar ningún gasto extra".
En opinión de ACADE-ADEIV "la gran perjudicada de este desembolso innecesario será la sociedad valenciana". Es "muy probable", subraya la organización, que como consecuencia para realizar un ajuste en su déficit público, el gobierno autonómico "tenga que reducir el gasto en otras partidas donde sea necesaria una mayor inversión económica, ya sea de índole social o sanitaria".
"Más absurdo es, si cabe, ejecutar todas estas obras en centros escolares públicos y duplicar así los puestos escolares, cuando los propios centros privados tienen plazas vacantes debido al constante descenso de la natalidad, a las consecuencias de la crisis económica y al regreso de un importante porcentaje de población emigrante a sus países de origen. La creación de nuevos puestos escolares públicos supondría duplicar innecesariamente la oferta de plazas que quedarían vacías", insisten.
PROYECTO "ANTIPEDAGÓGICO"
En la misma línea, califican la medida de "antipedagógica", ya que "escolarizar a bebés y niños de hasta tres años con alumnos de hasta 12 años puede resultar peligroso física y psicológicamente para los más pequeños, y contradice de todos los informes educativos internacionales, entre ellos la Unesco, que defienden que en estas edades los niños deben permanecer en instalaciones diferenciadas e independientes", sostienen.
Añaden que, atendiendo a estas directrices, "los centros privados de educación infantil valencianos han realizado durante los últimos años grandes esfuerzos e inversiones para adaptarse a los requisitos exigidos por la propia Conselleria de Educación, tanto en el ámbito curricular, como en el de titulaciones, aulas, espacios e instalaciones, exigencias necesarias para obtener la autorización educativa oficial de la Administración. De hecho, durante años la propia Conselleria convocó ayudas públicas para favorecer la adaptación de los centros".
Para la presidenta de ACADE-ADEIV, Carmen Bardal, "resulta incongruente que una vez que las escuelas se han adaptado a una de las normas autonómicas más exigentes de España sobre los requisitos mínimos que deben cumplir los centros, ahora se nos condene al cierre".
Por estos motivos, han solicitado una reunión urgente con Marzà, aunque Educación todavía no ha facilitado ninguna fecha. El objetivo de este encuentro es "alcanzar alternativas que eviten el desmoronamiento de un sector educativo altamente profesionalizado que ha realizado una gran labor en la Comunitat". "Con esta iniciativa --subraya Bardal-- la Conselleria está poniendo en peligro un sector ampliamente consolidado en la sociedad valenciana, que escolariza al 90% de la población de 0 a 3 años".
CONTINUIDAD DEL BONO INFANTIL
Otro de los puntos que defiende esta organización es la continuidad del bono infantil por ser "una gran ayuda para las familias valencianas, que solo el curso pasado ha contado con una partida presupuestaria de 30 millones de euros, beneficiando a 35.276 alumnos en 761 centros educativos".
ACADE-ADEIV cree que si el gobierno continúa con la universalidad del bono escolar para todas las familias que escolarizan a sus hijos en centros autorizados, y amplía la cuantía hasta abarcar la totalidad del puesto escolar, "cumpliría el objetivo de la gratuidad de la educación infantil sin que supusiera un gasto innecesario a los presupuestos públicos".
Sin embargo, lamenta, "el actual ejecutivo pretende, a partir del próximo curso, conceder el bono escolar de forma discriminada en función de la renta familiar, lo que perjudicará a las familias valencianas que deberán asumir un gasto mayor". Esta iniciativa constituye "una gran discriminación hacia las familias con hijos de 0 a 3 años que ven gravada así su escolaridad, mientras que el Gobierno sí apoya la gratuidad universal en otros servicios educativos como son los libros de texto en Primaria y Secundaria".
El colectivo achaca además el proyecto de escolarizar a niños de 0 a 3 años en centros públicos a "una cuestión ideológica y electoralista".
"Llama la atención que precisamente provenga de un partido que ha tenido como baluarte de su campaña electoral la crítica al despilfarro económico del anterior gobierno", apuntan.
"Las cifras hablan por sí solas. Según el Gobierno autonómico, de aquí al final de la legislatura, la Conselleria contrataría a 4.000 profesionales entre maestros y educadores. Sin embargo, la iniciativa conllevaría el cierre de más de 700 centros educativos y la destrucción de unos 7.000 empleos directos en una comunidad muy castigada por el desempleo que en agosto registró la mayor subida de paro de España, con 7.614 personas más respecto a julio".
"A esto hay que sumarle el gasto anunciado por el Gobierno, que solo en contratación es de unos 84 millones de euros, sin contar con el enorme presupuesto que deberán destinar a la adaptación de aulas y espacios, una inversión pública innecesaria ya que está creada en la red privada. Además el volumen e implantación de centros privados en Valencia garantizan la pluralidad educativa y la libertad de elección de centro por parte de las la familias sin un incremento en el gasto de la Comunitat", concluyen.
